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Desde que se decretase el Estado de Alarma en Extremadura se han realizado 5.994 propuestas de sanción y 57 detenciones

Desde que se decretase el Estado de Alarma en Extremadura se han realizado 5.994 propuestas de sanción y 57 detenciones

El Centro de Coordinación Cooperativa Policial, dirigido por la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, volvió a reunirse este lunes 30 de marzo para abordar con las instituciones y colectivos participantes la situación del coronavirus y las medidas aplicadas para su contención en la región.

Se ha hecho balance de la situación en las fronteras, donde se han controlado un total de 14.732 vehículos desde el repliegue de las mismas y se ha rechazado la entrada a 586.

Asimismo, desde que se decretase el Estado de Alarma en Extremadura se han realizado 5.994 propuestas de sanción y 57 detenciones, siendo este el total acumulado entre todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Por último añadir que, como hasta ahora, el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad será el de velar por el cumplimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno, con el objetivo primordial de proteger la salud de todos.

Los agentes van a garantizar la limitación de movimientos y de las actividades no esenciales, a la vez que van a asegurar que se mantenga la cadena de abastecimiento tanto de productos sanitarios y farmacéuticos como de bienes alimentarios y de primera necesidad para que estén a disposición de los ciudadanos.

Asimismo, la delegada del Gobierno de españa en Extremadura García Seco ha recordado que el Gobierno regula desde hoy un permiso retribuido recuperable para las personas que trabajen en servicios no esenciales y que las jornadas no trabajadas en este período se irán devolviendo de manera gradual y consensuada con las empresas.

Esta medida resulta aplicable a las trabajadoras y trabajadores del sector privado y se dictarán las instrucciones precisas, en su caso, en cuanto a la aplicación de la medida a empleados y empleadas del sector público.

No se aplicará a las personas trabajadoras en situación de incapacidad temporal o cuyo contrato esté suspendido por otras razones legalmente previstas, como la maternidad.

Tampoco se aplicará a las personas afectadas por un ERTE de suspensión, a aquellos para los cuales ya exista un mecanismo de distribución irregular implantado, ni a aquellos que estén teletrabajando.

La delegada del Gobierno recordó que esta medida es necesaria para minimizar al máximo la necesidad de movilidad de las personas trabajadoras y controlar la pandemia.

 

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