El Gobierno estima que el colapso de la economía por la crisis del coronavirus será del 9,2% en 2020 y la tasa de paro subirá al 19%, según el nuevo cuadro macroeconómico presentado este viernes e incluido en la actualización del programa de estabilidad 2020-2023. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han comparecido para explicar ese nuevo plan presupuestario que el Gobierno ha enviado la pasada noche a Bruselas con los retoques de última hora impuestos por el tremendo batacazo de la economía española en el primer trimestre.
Nuestro PIB se desplomó un 5,2% en los tres primeros meses del año a consecuencia del COVID-19, un impacto que solo cabe atribuir a la segunda quincena de marzo pero que ha provocado una caída sin precedentes desde que comenzó la serie estadística en 1970, ya que el peor dato de la crisis financiera se marcó en el primer trimestre de 2009 con un contracción del 2,6%.
En su nuevo Plan de Estabilidad y con el desplome del 9,2%, el Gobierno hace un pronóstico para este año peor que el avanzado por el FMI. Sin embargo, es más optimista que el Fondo respecto a 2021, cuando augura que al batacazo le seguirá una recuperación del 6,8% (“crecimiento muy intenso”, lo ha llamado la vicepresidenta económica). El organismo dirigido por Kristalina Georgieva estimó a mediados de abril que la economía española se hundiría este año un 8% y que el próximo rebotaría un 5,8%.
Calviño ha explicado que el peor dato se registrará en el segundo trimestre de 2020 donde se recogerá de lleno el impacto de la crisis del coronavirus, para después producirse “una paulatina recuperación”. La contracción económica será consecuencia del desplome del consumo de los hogares (8,8%) y del hundimiento de la inversión (25,5%) y las exportaciones (27,1%), ha explicado la vicepresidenta económica. Según ha dicho, la economía tocará fondo en el segundo trimestre del año y se recuperará desde entonces en forma de “V asimétrica” porque la pandemia no ha afectado por igual a todos los territorios, lo que llevará a ese rebote de la economía del 6,8% en 2021. El paro se suavizará hasta el 17,2% en 2021 tras crecer a un ritmo del 8,7%.
La vicepresidenta ha recordado que “en el caso de España la economía venía creciendo por encima de la media de la zona euro” porque “estábamos capeando mejor que los demás” las tensiones del comercio internacional. Aunque se esperaba una cierta desaceleración con un “crecimiento más sostenible” que en fases anteriores, “creando empleo y sin generar presiones inflacionistas”, el Covid ha puesto fin en el primer trimestre a las expectativas y a ese “periodo de crecimiento iniciado en 2014”. La responsable económica del Ejecutivo ha subrayado, además, que todos los grandes países han puesto en marcha medidas de confinamiento, reducción de la movilidad y relajación de la actividad económica, siendo España uno de los que ha establecido protocolos de prevención más férreos.
“Los datos del empleo del segundo trimestre serán muy duros”, ha admitido Calviño, defendiendo en todo caso que la articulación de los ERTEs como alternativa al despido ha hecho que el impacto en el mercado laboral haya sido menor a la de otras crisis. La vicepresidenta ha calificado de “rápido y contundente” el plan de choque socioeconómico impulsado por el Gobierno para atender a pymes, autónomos y colectivos vulnerables.
Por su parte, Montero ha anunciado que el déficit público se disparará en 2020 hasta el 10,34% del PIB y la deuda pública hasta el 115,5%. La titular de Hacienda ha indicado que la irrupción del Covid-19 ha modificado “totalmente” el escenario previsto y ha llevado al Gobierno a adoptar medidas para reforzar el sistema sanitario, proteger a las familias y dotar de liquidez a las empresas y autónomos, medidas todas ellas que supondrán un incremento “importante”, “temporal y necesario” del gasto público, hasta el 51,5% del PIB, con 10 puntos porcentuales más que el año pasado, hasta los 576.714 millones de euros.
Asimismo, ha cifrado la caída de los ingresos en 25.700 millones de euros respecto al año pasado, hasta el 41,2% del PIB, 2,1 puntos más que el año pasado debido al mayor PIB. De esta forma, el Ejecutivo prevé que el déficit suba hasta los 115.671 millones de euros, el 10,34% del PIB, frente al 2,82% del año pasado, lo que supone el mayor déficit desde 2012, cuando se alcanzó el 10,7%. En este sentido, Montero ha cifrado el impacto de las medidas para paliar el Covid-19 en 138.923 millones de euros, derivado de los 104.400 millones de las medidas de liquidez, los 28.403 millones de las medidas de gasto y 6.120 millones por minoración de ingresos. Las CCAA, por su parte, recibirán 115.000 millones, un 7,3%, con un gasto adicional añadido de unos 11.000 millones.
Al hilo del daño que la crisis del Covid-19 está haciendo a las arcas públicas, el vicepresidente segundo del Gobierno ha recuperado una de sus propuestas favoritas, el ‘impuesto para los ricos’. Esta vez lo ha hecho recogiendo la opinión de Gabriel Zucman, Emmanuel Saez y Camille Landais, tres economistas que proponen crear un impuesto temporal a las grandes fortunas para hacer frente a la emergencia social y económica. En realidad, el impuesto a las grandes fortunas es una propuesta que el partido morado lleva años defendiendo en sus programas electorales pero, preguntada al respecto, la ministra de Hacienda la ha descartado de entrada, en lo que puede considerarse la enésima discrepancia entre Montero e Iglesias.
La ministra ha destacado que en el acuerdo programático entre el PSOE y Unidas Podemos para el Gobierno de coalición “se planteaba que había que avanzar en la fiscalidad para que paguen más los que más tienen pero no necesariamente con una figura específica sino a traves de los impuestos que ya existen”. Montero ha asegurado que “el compromiso sigue en pie y retomaremos la agenda fiscal cuando sea el momento oportuno”. Ha admitido, no obstante, que “ya sabemos que en el terreno fiscal es dónde más difícil resulta armar el consenso”. Calviño, por su parte, ha intervenido para recordar que el Gobierno ya ha enviado al Congreso un impuesto digital y otro sobre transacciones financieras, además de trabajar en la UE en un marco de ‘fiscalidad verde’. La vicepresidenta ha aprovechado para hacer un llamamiento para que se agilice la tramitación de todas estas tasas.
En definitiva, el Gobierno “no se plantea ni una bajada ni una subida masiva de impuestos”, al igual que “no está previsto hacer ningún tipo de ajuste en materia del sector público”, como una posible bajada del salario de los empleados públicos. Lo que se pretende, ha dicho Montero, es estimular el consumo y la demanda interna cuando la movilidad pueda estar en su fase de “capacidad absoluta” y los comercios puedan abrir, junto a la actividad productiva. Por eso, la titular de Hacienda ha hecho hincapié en que lo “fundamental” es activar la economía, manteniendo en la medida de lo posible las rentas salariales y “sin desarrollar ningún proceso añadido sobre lo previsto a principios de año”, ha respondido al ser preguntada sobre si el Gobierno baraja algún ajuste en el salario de los empleados públicos o en el sector público.
En cuanto a si el Gobierno planea acudir al Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede), el fondo europeo de rescate, para cubrir el incremento de su deuda tras la crisis del coronavirus, las respuestas de la vicepresidenta han sido evasivas. “Los mecanismos comunitarios no están aprobados por lo que no disponemos de información sobre cantidad y características y sobre si podría ser interesante para nuestro país recurrir a ellos”, ha afirmado en alusión a ese fondo europeo billonario sobre el que aún no está claro si se aplicará el concepto de préstamo o el de transferencia, como quiere España, para evitar el sobreendeudamiento.
La segunda opción choca con fuertes resistencias de los países del norte y esta misma semana la agencia de calificación de solvencia Moody’s ha recomendado al Gobierno de Pedro Sánchez echar mano del Mede. La agencia suma a sus argumentos que el Banco Central Europeo adquirirá, según sus cálculos, 114.000 millones de deuda pública española, dentro del gigantesco programa de ayuda aprobado por la institución que preside Christine Lagarde el pasado mes para ayudar a los países más vulnerables del euro. “En general, las instituciones europeas podrían cubrir eficazmente alrededor del 59% de las necesidades brutas totales de endeudamiento de España”, estima Moody’s en un informe remitido a inversores de todo el mundo.
La pandemia trastoca todas las previsiones del Gobierno
Antes de que la pandemia se abatiera sobre la economía mundial y tras crecer España un 2% en 2019, por encima de la media de la zona euro, el Gobierno rebajó en febrero su previsión de crecimiento para este año al 1,6% y elevó su estimación de tasa de paro al l3,6% en el cuadro macro que acompañaba el ya descartado proyecto presupuestario de este año. Para el resto de ejercicios auguraba un avance del PIB del 1,5% en 2021, el 1,6% en 2022 y el 1,7% en 2023, con unas tasas de paro del 13%, el 12,6% y el 12,3%, respectivamente.
Además, calculaba que el déficit cerraría este año en el 1,8%, para bajar al 1,5% en 2021, al 1,2% en 2022 y al 0,9% en 2023, en paralelo a una reducción de la ratio de deuda pública sobre PIB, que disminuiría al 96,6% del PIB este año y seguiría cayendo hasta el 93,4%, el 91,7% y el 89,8% los tres siguientes ejercicios.
Sin embargo, Calviño y Montero ya habían venido alertando de que estas previsiones habían quedado “totalmente desfasadas” debido al impacto de la academia y las medidas de confinamiento y restricción de la actividad laboral, por lo que las nuevas previsiones recogerán una caída del PIB este año y un notable aumento del déficit y la deuda como consecuencia de la caída de la recaudación y el aumento de los gastos derivado de las medidas para paliar los efectos de la crisis.
Apelación a los partidos para que apoyen la alarma hasta el final
Montero, por otra parte, ha aprovechado para apelar a la “responsabilidad” de todos los partidos políticos para mantener el estado de alarma hasta “finalizar” el plan de desescalada y no tener así que volver atrás, incluso con “rebrotes sanitarios”. El llamamiento de la ministra se produce en medio de un recrudecimiento de las críticas al Gobierno por parte, incluso, de partidos nacionalistas que hasta ahora le han permitido alcanzar la mayoría parlamentaria como son el PNV y ERC. El PP no ha desvelado si apoyará una nueva prórroga del estado de alarma a partir del 10 de mayo pero ha dejado caer la advertencia de que podría decantarse por rechazarla.
Calviño ha considerado que es de “coherencia” mantener este marco jurídico que ha permitido pasar la parte más aguda de la crisis y es también el más adecuado en la nueva fase porque “permite adaptarse mejor” a las condiciones de restricción de movimientos. “No tendría ningún sentido” haber llegado hasta aquí con sucesivas prórrogas de la alarma para que, ahora al iniciar la desescalada, “por razones no debidamente justificadas no se pudiera producir ordenadamente y tuviéramos que volver atrás, en rebrotes sanitarios, aquellas cuestiones que hemos ganado”, ha avisado.
La vicepresidenta cree que esta postura contraria a la prórroga del estado de alarma “no se entendería” por parte de la ciudadanía y Montero ha asegurado que confía en la “responsabilidad” de los grupos políticos para que no haya “alguna discrepancia o diferencia” y que por razones “no debidamente justificadas” no pudiera producirse la desescalada de manera ordenada, con nuevas prórrogas de los estados de alarma.
