En noviembre de 2007, Carmen Heras, alcaldesa de Cáceres, no se explicaba cómo Iberdrola había podido gastar tanta agua en tan poco tiempo, provocando un descenso brusco en la cota del pantano de Alcántara, afectando al trasvase desde el Almonte hasta el embalse del Guadiloba, de cuyas escasas reservas sigue manteniéndose la ciudad.
Afirmó que las necesidades del agua de la población están por encima de cualquier cosa, solicitando a la compañía eléctrica que dejara inmediatamente de generar energía hidroeléctrica al realizarse con “recursos hídricos de la ciudad”.
La compañía estaba realizando una explotación conforme a los límites de la concesión administrativa de la que disponen, alegando que el uso de esta agua era “cubrir las necesidades energéticas existentes”. Límite que se sitúa en la cota 172, mientras que para trasvasar agua a Cáceres la cota no debería bajar de 194. Por lo que existe un evidente choque de intereses.
Desde la Confederación Hidrográfica el Tajo, simplemente se informaba que el agua estaba garantizada para el consumo de la ciudad, pero parecía más un “vamos a esperar que llueva y se llene de nuevo el pantano”.
En septiembre de 2021, seguimos igual, Iberdrola antepone sus derechos mercantiles de una concesión administrativa que tiene más de 50 años a las necesidades del consumo humano de las poblaciones afectadas y a los daños al equilibrio medioambiental, como los daños que se están originando en la biodiversidad de nuestro Parque Nacional de Monfragüe.
Iberdrola ha aprovechado el fortísimo margen que le supone turbinar más agua para generar una energía hidroeléctrica, muy eficiente en cuanto coste, en el mismo momento en que se estaba produciendo el alza espectacular del recibo de la luz.
Incremento que soportamos las familias y las empresas, y que también beneficia al Estado, derivado de la fuerte imposición fiscal que tiene el recibo final.
Lo peor no es que sigamos como en 2007, sino que estamos igual que a principios de los años sesenta del siglo pasado, cuando sin pudor alguno se esquilmaba a esta provincia cacereña, como productora de recursos productivos baratos (mano de obra, energía, minerales, productos del sector primario) en beneficio de otros territorios más favorecidos, donde se realizaría su posterior transformación, reteniendo allí el valor añadido.
Y esto clama al cielo, hay que poner en tela de juicio esas concesiones de explotación del agua cacereña.
Somos una potencia nacional productora de energía hidroeléctrica, nuclear y fotovoltaica, pero solo tenemos los perjuicios de ello, ya que no se nos aplica beneficio alguno por ello, por ejemplo, un tratamiento fiscal que favorezca la llegada de industria transformadora a nuestra provincia o una obligación que imponga a los productores una compensación social en forma de creación de empleo.
En cualquier caso, no cabe más resignación, y ante esta injusticia, hay que contestar con indignación y movilización social.
La solución no puede ser la creación de una empresa pública de energía, que tardaría 30 años en conseguir estas concesiones, o antes, a un coste altísimo, ni la nacionalización de un sector económico estratégico, que crean monopolios y la falta de competencia supone un retroceso de nuestras cotas de bienestar.
Se hace necesario una nueva regulación legal que exija la aplicación equitativa y justa.
Iberdrola no puede ser la dueña del Tajo a su paso por la provincia de Cáceres, los intereses de los cacereños deben anteponerse.
El autor es Doctor Economía Financiera y empresario.
Concejal no adscrito Ayuntamiento de Cáceres
Presidente de Cáceres Viva Partido Político.
