Debido a la oleada de contagios entre los diputados y a las cuarentenas por contactos estrechos, un Congreso semivacío ha tramitado esta votación, que se ha realizado de forma telemática.
La Cámara Baja ha refrendado la enmienda por valor de 1,6 millones de euros que estará destinada a promover las lenguas cooficiales en las comunidades autónomas que tengan una. El pasado 24 de noviembre, el proyecto salió del Congreso con una mayoría holgada de 188 apoyos tras sumar a Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, el PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y el PRC.
En contra votaron PP, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP, UPN, Coalición Canaria, y Foro Asturias, mientras que el BNG, que llegó a negociar con el Gobierno un acuerdo presupuestario, optó por la abstención.
Igual que el pasado año, el Gobierno presentó el proyecto fuera de plazo en el Congreso, dos semanas más tarde de la previsión que marca la Constitución (30 de septiembre), ya que las cuentas no pudieron ver la luz hasta conseguir Unidas Podemos el cumplimiento de uno de los acuerdos de coalición, el control de precios en la nueva Ley de Vivienda.
Las condiciones de los socios del Gobierno
El PSOE y Unidas Podemos lograron el apoyo de las formaciones mencionadas tras alcanzar acuerdos individuales con cada una de ellas. ERC lo hizo a cambio de la conocida como ‘cuota Netflix’, por la que el Ejecutivo se comprometía a asegurar una cantidad de contenido en lenguas cooficiales en estas plataformas dentro de la nueva Ley Audiovisual.
Los problemas que planteaba esta promesa, como la imposibilidad de obligar a las empresas a cumplir con este acuerdo, estuvo cerca de tumbar los Presupuestos tras las repetidas amenazas de Esquerra, aunque finalmente, tras alcanzar un nuevo acuerdo por el que el Gobierno abría la puerta a financiar ellos mismos estas producciones, lograban el sí de los catalanes.
Con el PNV, el traspaso en la gestión del Ingreso Mínimo Vital fue el primer peaje a pagar a cambio de su apoyo. También lograron modificar la Ley del Deporte para evitar que los clubes tengan que convertirse en Sociedad Anónima al alcanzar categoría profesional, unas 40 enmiendas con inversiones en infraestructuras ferroviarias e hidráulicas por unos 30 millones y la ampliación de la prestación por cuidado por enfermedad grave hasta los 23 años.
Para EH Bildu, quien menos trabas puso al Ejecutivo en la tramitación de los PGE, las condiciones fueron hacer permanente la prohibición de desahucios sin alternativa, el aplazamiento temporal en el pago de rentas del llamado ‘escudo social’, un fondo de 25 millones para compensar a víctimas del amianto, la emisión de la cadena infantil ETB3 en toda Navarra e inversiones culturales, como la digitalización de contenidos en euskera y la reconversión de antiguos espacios industriales.
Con el PDeCAT, los acuerdos han supuesto distintas inversiones territoriales y beneficios fiscales a eventos concretos, pero principalmente un cambio normativo para abrir los fondos europeos a entidades privadas sin ánimo de lucro que prestan servicios sociosanitarios.
El acuerdo con Más País-Equo abarca 10 millones para el proyecto piloto de reducción de jornada laboral, un plan de salud mental en institutos de 5 millones para psicólogos, orientadores y formación del profesorado, la creación de una agencia de control de los algoritmos y estudios para una red ferroviaria nocturna y un mapa de vías ciclables.
En el caso de Nueva Canarias, esta formación moviliza unos 100 millones de euros a su comunidad, con sendas subvenciones de 10 millones cada una para el transporte del plátano e infraestructuras educativas, 6 millones para abaratar a los agricultores el coste de la desalación y 5 millones en programas de lucha contra la pobreza y prestaciones básicas. Asimismo, se han recogido exenciones para preservar a Canarias de la aplicación del mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades.
Compromís, por su parte, consigue del Gobierno un compromiso para ampliar la financiación autonómica con el fin de que los nuevos criterios no supongan un recorte a ningún territorio; ayudas a la naranja contra la plaga del ‘cotonet’ por 500.000 euros, 11,5 millones en inversión en Cercanías, inversiones culturales, y 13 millones para la línea ferroviaria entre Sagunto y Teruel, enmienda presentada de forma conjunta con Teruel Existe.
Finalmente, la mayor parte de los acuerdos alcanzados con el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) suponen el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el PSOE, como la licitación del tramo ferroviario Renedo-Guarnizo y la redacción del proyecto de carretera Potes-Vega de Liébana. También se dirigirán 1,5 millones para soterrar las vías del tren en Torrelavega.
Vía The Objective
