Los gobiernos de izquierdas justifican siempre la subida de impuestos a ‘los ricos’ (término que se emplea tanto para las rentas altas como para las rentas medias), restándoles riqueza, para poder así mejorar la calidad de vida del resto de la población; al empobrecerlos, se reducen las desigualdades, aunque no se consiga mejorar la calidad de vida del resto de la población.
La cuestión es que realmente una mayor fiscalidad a las rentas medias y altas no consigue ese aumento significativo de ingresos, si no se produce en el contexto oportuno. Subir los impuestos se convierte así en una decisión meramente revanchista, con una nivelación hacia abajo, que no deja de ser también una política de igualdad, pero que nos retrotrae a épocas y regímenes totalitarios afortunadamente superados.
Todos sabemos que la razón fundamental es dar un palmadita a su electorado, ya que se da la apariencia de no gobernar para “los ricos” sino para “la gente”, aunque se termine perjudicando al total de la población.
El Instituto de Estudios Económicos se ha opuesto a las generalizadas subidas de impuestos a las familias y a las empresas, con incluso la incorporación de nuevas figuras tributaria previstas a corto plazo en España. Subir impuestos, cuando aún sufrimos las nefastas consecuencias de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia del covid19 es un error, siendo una de las peores decisiones que pueden tomarse hoy.
Nuestro país ya tiene una falta de competitividad fiscal en el marco de la OCDE, España está dentro de los países que menos favorece el desarrollo y el progreso con medidas fiscales.
La presión fiscal en relación al PIB no deja de aumentar en España, cuando la mayor parte de los países de nuestro entorno han decidido bajarlos, con gobiernos tanto de derechas, de centro como de izquierdas. Si comparamos esta presión fiscal, en función de la renta disponible, nos encontramos con la paradoja que la región extremeña es la peor situada, no somos los que más impuestos recaudamos, obviamente, pero sí a los que se exige un mayor esfuerzo fiscal a las familias, al contar con la menor renta per cápita de España.
A mayor progresividad, más solidaridad, de acuerdo, siempre que en efecto recaudes más, y no, si lo que supone es una falta de retención del talento que emigra hacia otros territorios con fiscalidad más favorable, y agrava la falta de competitividad de unos territorios respecto a otros.
Las expectativas ante el aumento de impuestos generan desconfianza, absolutamente necesaria para que llegue una plena recuperación.
Como nos recuerdan contantemente desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fisal (AIREF), la solución no viene por subir impuestos ahora, sino por acometer una reducción del gasto superfluo, medidas de ajuste que no se llevan a cabo, y que hacen que tengamos unos niveles de gasto público insostenible.
Y no me refiero a reducir el gasto social que hemos tenido que atender, y seguimos atendiendo, derivado de las emergencias sociales de la pandemia; ni a aplicar esas políticas de “austericidio”, puesto que necesitamos crecer y mejorar, por no haber llegado al nivel de bienestar de la gran mayoría de las regiones europeas.
Me refiero a que se recorten los gastos superfluos, las duplicidades de las diferentes AA.PP., con una apuesta decidida por la eficiencia de los servicios públicos a la altura del siglo XXI, menos burocrática, y más digital, ayudando sobre todo a los autónomos y las pymes en quien recae la mayor parte de la contribución a la riqueza y al empleo en nuestro país.
El autor es Doctor Economía Financiera y empresario., Concejal no adscrito Ayuntamiento de Cáceres y Presidente de Cáceres Viva Partido Político.
