El fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, ha tomado las riendas del caso de la querella interpuesta por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La querella, que acusa a dos miembros del Ministerio Público, los fiscales Julián Salto y Pilar Rodríguez, de delitos de revelación de secretos, ha generado un torbellino de opiniones y especulaciones.
La controversia se intensificó cuando la teniente fiscal del supremo, Ángeles Sánchez Conde, recomendó archivar la querella al no encontrar méritos para un delito. Sin embargo, la fiscal de Madrid, María de la O Silva, desafió esta decisión invocando el artículo 27 del Estatuto Fiscal, que permite a un fiscal expresar su desacuerdo con órdenes que considere contrarias a las leyes.
La Junta de Fiscales de Sala, tras deliberar sobre el asunto, ha respaldado la postura de Silva, lo que ha llevado a la solicitud de un fiscal externo a la Comunidad de Madrid para manejar el caso. Este papel ha sido asignado a Francisco Javier Montero Juanes, marcando un punto de inflexión en la investigación.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid está pendiente de pronunciarse sobre la querella y una denuncia relacionada presentada por el Colegio de Abogados de Madrid.
