La Sala Penal del Tribunal Supremo ha decidido asignar al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional la investigación de una presunta estafa de venta online de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. La empresa investigada, ubicada en Don Benito, habría perjudicado a cientos de clientes en todo el territorio nacional.
Este fallo resuelve el conflicto de competencias entre el mencionado Juzgado de la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción número 3 de Don Benito, que inició la causa. Cada uno argumentaba que el otro debía encargarse de la investigación.
El Tribunal Supremo, respaldando la postura del Ministerio Fiscal, establece que la Audiencia Nacional es el órgano competente debido a la complejidad de la instrucción. Esta complejidad no se debe al tipo delictivo (la defraudación), sino al alto número de perjudicados, la dispersión de las víctimas por todo el territorio nacional y la existencia de investigaciones por parte de las Comunidades Autónomas.
La investigación se inició tras una denuncia interpuesta por una de las múltiples víctimas que compró un dispositivo electrónico a través de la web “costomovil.es”, pagó por él y no lo recibió. Posteriormente, se registraron cientos de denuncias similares.
El Juzgado de Don Benito decidió inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, argumentando que había miles de perjudicados procedentes de varias comunidades autónomas. Por su parte, el Juzgado 3 de la Audiencia estimaba que la competencia era del de Don Benito, ya que allí se encuentra el domicilio social de la empresa investigada.
El Tribunal Supremo se decanta por la Audiencia Nacional, recordando que la Ley determina que este órgano conocerá de las defraudaciones que puedan producir un perjuicio patrimonial a una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia. El Juzgado extremeño informó de que las diligencias ya ocupan más de 250, con varios cientos de víctimas en todo el territorio nacional.
