La Audiencia rechaza suspender la vista y avala que los mismos hechos puedan ser reinterpretados jurídicamente como prevaricación y tráfico de influencias.
Redacción DEx, Tribunales, 5 de junio de 2026.
La causa judicial por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz ha entrado en su fase más decisiva envuelta en una inesperada paradoja procesal. Lo que parecía un alivio para los acusados tras la declaración de prescripción de uno de los delitos investigados ha terminado provocando el efecto contrario: varias acusaciones populares han endurecido sus escritos finales y solicitan ahora penas más elevadas al recalificar los hechos bajo nuevas figuras penales.
La decisión del tribunal de considerar prescrito el delito de aceptación de nombramiento no ha supuesto la desaparición de los hechos analizados durante el proceso. Al contrario, ha abierto la puerta a que las acusaciones planteen una nueva interpretación jurídica que sitúa ahora el foco en presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
El tribunal rechaza paralizar el procedimiento
La jornada judicial estuvo marcada por la petición de las defensas de suspender el juicio durante diez días para estudiar las nuevas conclusiones presentadas por algunas acusaciones populares.
Tras deliberar durante un breve receso, el presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz, José Antonio Patrocinio, rechazó la solicitud al considerar que no existe una modificación sustancial de los hechos objeto de enjuiciamiento.
La Sala entiende que las acusaciones han cambiado la calificación jurídica de determinadas conductas, pero no los hechos esenciales sobre los que se ha desarrollado toda la instrucción y la vista oral.
No obstante, el tribunal sí acordó aplazar las sesiones hasta el próximo lunes para que las partes dispongan de varios días para analizar los nuevos escritos antes de la presentación de los informes finales.
Las acusaciones endurecen su posición
La resolución judicial ha provocado un movimiento estratégico inmediato por parte de varias acusaciones populares.
Partiendo de la premisa de que los hechos investigados siguen existiendo desde el punto de vista penal aunque uno de los delitos haya prescrito, las acusaciones han optado por reformular su interpretación jurídica.
La consecuencia práctica es un incremento notable de las penas solicitadas.
Las acusaciones encabezadas por Hazte Oír, junto a Abogados Cristianos e Iustitia Europa, y las ejercidas por PP y Vox con la adhesión de Liberum, coinciden en solicitar castigos más severos que los planteados inicialmente.
Seis años de cárcel para David Sánchez
La nueva estrategia procesal sitúa a David Sánchez ante un escenario más complejo que el previsto hace apenas unos días.
Las acusaciones solicitan ahora hasta seis años de prisión, multas económicas vinculadas al supuesto beneficio obtenido y la prohibición de contratar con las administraciones públicas durante una década.
Aunque desaparece la acusación por aceptación de nombramiento debido a la prescripción declarada por la Sala, se mantiene el análisis sobre su participación en los hechos que rodearon su contratación y el posterior nombramiento de Luis María Carrero, considerado por las acusaciones como una pieza relevante dentro del procedimiento.
Cuatro años de prisión para Gallardo
El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, también ve agravada la petición de condena.
Las acusaciones reclaman cuatro años de prisión y veinte años de inhabilitación para empleo o cargo público por cada uno de los delitos atribuidos.
Sin embargo, la situación procesal de Gallardo presenta una particularidad relevante. El tribunal ya descartó durante la vista oral determinados hechos relacionados con la contratación de Luis María Carrero al considerar que constituían una acusación sobre la que el dirigente socialista no había podido defenderse durante la fase de instrucción.
La Fiscalía alerta de una posible vulneración del derecho de defensa
La recalificación jurídica planteada por las acusaciones no ha pasado inadvertida para la Fiscalía.
La representante del Ministerio Público advirtió ante la Sala de que algunos escritos introducen variaciones jurídicas y fácticas que podrían afectar al principio acusatorio, uno de los pilares fundamentales del proceso penal.
Las defensas comparten esta interpretación y sostienen que los acusados deben conocer desde el inicio los delitos concretos por los que son investigados para garantizar plenamente su derecho de defensa.
Las acusaciones populares rechazan esa tesis y defienden que los hechos examinados siguen siendo exactamente los mismos.
Manos Limpias mantiene una línea diferenciada
Dentro del bloque acusador destaca la posición singular de Manos Limpias.
La organización mantiene su estructura acusatoria inicial con modificaciones limitadas a las consecuencias derivadas de la decisión judicial.
Así, elimina la petición de condena por aceptación de nombramiento respecto a David Sánchez y también retira determinadas acusaciones por prevaricación vinculadas a Luis María Carrero en relación con Miguel Ángel Gallardo.
El juicio entra en su recta final
La vista oral afronta ya sus últimas jornadas.
El próximo lunes las acusaciones expondrán sus informes finales ante el tribunal, mientras que las defensas harán lo propio el martes.
Tras esas intervenciones, el procedimiento quedará visto para sentencia y la Audiencia Provincial de Badajoz iniciará la deliberación que determinará el futuro judicial de los acusados en uno de los procesos más seguidos de los últimos meses en Extremadura.
LA LUPA
La clave jurídica del caso ya no reside únicamente en determinar si existieron irregularidades en la contratación de David Sánchez, sino en resolver hasta qué punto las acusaciones pueden modificar la interpretación penal de unos hechos ya juzgados sin vulnerar las garantías de defensa.
La decisión que adopte finalmente la Audiencia podría tener relevancia más allá de este procedimiento, al fijar criterios sobre los límites de las recalificaciones jurídicas durante la fase final de un juicio.
CIERRE
Lo que comenzó como una aparente victoria procesal para los acusados se ha transformado en un escenario de mayor incertidumbre. La prescripción de uno de los delitos no ha rebajado la tensión judicial; al contrario, ha provocado un endurecimiento de las acusaciones y ha abierto un debate jurídico que acompañará a la sentencia. El próximo martes, cuando concluyan los informes finales, el caso quedará en manos del tribunal y comenzará la cuenta atrás para conocer un fallo llamado a tener una importante repercusión política y judicial.
Fuentes: Canal Extremadura Noticias y Digital Extremadura (DEx).
