Los hechos se remontan a 2009 cuando Cañedo, como alcalde, dio licencia de ocupación a una promoción de viviendas en contra de los informes técnicos en los que faltaban diversos servicios. Una licencia que se otorgaba, según Cañedo, porque la empresa constructora podía perder esas viviendas debido a su situación económica lo que provocaría un perjuicio para los compradores de esas casas.
Cañedo era condenado a ocho años de inhabilitación al pago de una sanción de 6.000 euros, más las costas del proceso y la indemnización, sumando el total 32.000 euros.
Esta mañana Cañedo ha declarado ante el juzgado que no dispone de los fondos y ante la posibilidad de aplazamiento en el pago de la deuda, que tampoco prevé disponer de recursos económicos en el corto plazo, por lo que se ha declarado insolvente.
Ante esta situación continúa el proceso para buscar la Responsabilidad Penal Subsidiaria (RPS) por la que Cañedo podría entrar en prisión durante 17 meses al convalidarse dos días de multa por un día de estancia en prisión. En total, lo que debería abonar Cañedo son 28.000 euros, ya que sufrió un embargo al inicio de la causa de 4.000 euros, lo que se le resta de la cantidad de indemnización.
Su abogado, Estanislao Martín, destaca que es «muy posible que Alberto termine pisando la prisión» y que una vez que complete el proceso se tratará de buscar la conmutación de la pena por trabajos en «beneficio de la comunidad» o el «indulto».
Entre los manifestante se encontraban algunos políticos del partido Extremeños, como José Luis Díaz, concejal de este partido en el Ayuntamiento de Plasencia o Victoriano Durán, presidente del partido, quienes no comprenden ni comparten la sentencia ni la posibilidad de que el exalcalde «pueda ir a prisión por hacer el bien a unos vecinos y a una empresa» ha expresado Durán, aunque para ello «haya vulnerado la ley» cuando hay «ladrones de vacaciones en Suiza».
