García González sostiene que «cuando un delito no existe, no se puede cometer, aunque lo diga la Audiencia Provincial o el mismo Tribunal Supremo».
La Audiencia Provincial de Badajoz condenó el pasado 11 de enero al exgerente de Caval a 23 años de cárcel, una sentencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo al rechazar el recurso de casación presentado por García González y los otros dos condenados en la causa, el excomercial de la cooperativa Manuel Corrales y su esposa, Carmen Teixeira.
En su carta, escrita desde el centro penitenciario de Badajoz, el exgerente de Caval desgrana la justificación de los delitos por los que ha sido procesado, y entiende que ésta no existe.
García González asegura sentir cierta envidia de la defensa realizada por los expresidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar hacia el preso venezolano Leopoldo López, pues «hasta hoy a mí no se ha dirigido ningún político extremeño interesándose por saber la verdad».
Asimismo, remarca no entender, «por mucha contaminación que haya existido o cualquier otro motivo, cómo se han garantizado» sus derechos fundamentales y en base a qué se le ha impuesto una condena que «para mí -afirma- supone una cadena perpetua».
«Me han oído pero no me han escuchado», sostiene.
En su desglose, recuerda que el informe de Hacienda y del perito judicial le hace responsable de cobrar las comisiones por ventas de fruta mediante talones a su nombre y directamente de la cooperativa Caval y abonado en su cuenta bancaria.
«¿Cómo se puede cobrar en dinero negro cantidades cobradas por cheque?», añade en su defensa, así como también en cuanto al delito fiscal por IVA, el cual «solo lo puede cometer el sujeto pasivo, y es el sujeto pasivo -sostiene- el empresario que emite las facturas, que a su vez es el responsable del ingreso».
En este caso, según expone, la sociedad que emite las facturas es la cooperativa agrícola de Colonos. «Si la cooperativa de Colonos está bien significa que ha ingresado el IVA, por lo que no existe quebranto a la hacienda pública, y si no hay quebranto no puede existir el delito fiscal», manifiesta en su escrito.
Asimismo, relata que, según el informe de la dirección financiera de Caval, existía una diferencia entre el cierre del diario de 2008 al de apertura de 2009 de 17,7 millones de euros, mientras que en el informe del perito judicial se señalan 134.000 euros.
En cuanto al fraude de subvenciones, asegura que, pese a que en el escrito de acusación de la Junta de Extremadura se dice que las subvenciones se preparaban en el despacho del ahora exgerente, en su despacho «nunca se preparó un expediente de subvención, ni existe ningún documento que lo acredite».
A su juicio, ha sido odiado porque cuando trató de defender los intereses de los demás fue «poco dócil» con los políticos, organismos e instituciones y por haberse rodeado de «trapas y de lobos disfrazados de abuelita».
Además, deja entrever y pregunta si el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, «conoce si su consejera de Hacienda, en las fechas próximas al juicio, se reunió en la ciudad portuguesa de Estremoz con el fiscal del caso Caval».
