En ese sentido, García Bernal ha recordado que la obligación de Servicio Público que afectaba a esta empresa «estaba vinculada a una conexión a nivel nacional de la línea Mérida-Sevilla, que finalizó, se volvió a licitar y se adjudicó a esta empresa con un 50 por ciento de bajada».
Begoña García Bernal se ha pronunciado de esta forma este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, ante una pregunta del Grupo Podemos sobre las medidas que va a tomar la Junta de Extremadura para «solucionar los problemas de viabilidad» de la concesionaria del servicio de transporte por carretera LEDA.
En la formulación de su pregunta, el diputado de Podemos Daniel Hierro ha recordado que los problemas de esta empresa y de estas rutas «vienen de atrás», y «no están ligados únicamente a la acción de la Junta de Extremadura para subvenciones esos transportes».
En cualquier caso, el diputado de Podemos que el Ejecutivo regional «ha tardado bastante en gestionar estas subvenciones», ya que desde ha habido varios periodos en los que la empresa «ha tenido que hacer frente a esos datos por adelantado», cuando ésta «no dispone de la liquidez suficiente».
El resultado de esta situación es que «a partir del día 2 de abril la empresa tiene que dejar de prestar estos servicios porque no tiene para hacer frente a los gastos que conlleva», y de hecho, según ha apuntado Hierro, son «67 trabajadores de la empresa ya llevan dos meses sin recibir sus nóminas».
Ante esta situación, Daniel Hierro ha instado a la Junta a «hacer una reflexión seria», que según ha recordado, Podemos ya propuso en sus enmiendas a los Presupuestos de 2018, sobre las necesidades que plantea la conexión de las áreas rurales de Extremadura con las ciudades.
SE ESTÁ HACIENDO UN ESTUDIO
En su turno de respuesta, la consejera ha explicado que Extremadura cuenta con un extenso territorio, una población escasa y un «déficit histórico en comunicaciones», por lo que el Ejecutivo regional hace un «notable esfuerzo en garantizar el transporte de la ciudadanía, sobre todo en las zonas rurales más despobladas».
En ese sentido, la Junta de Extremadura considera la «obligación de servicio público, sin la cual habría muchas líneas deficitarias», ha señalado García Bernal, quien ha explicado que en los años 2016 y 2017 la Junta ha pagado 2,59 millones de euros a 15 empresas de transporte público, entre ellas LEDA, «para que presten ese servicio y tengan viabilidad económica».
García Bernal ha coincidido con el diputado de Podemos en «las dificultades que hay de conexión de zonas rurales con zonas urbanas», tras los que ha recordado que su consejería «está inmersa en un proceso de reestructuración del transporte regular por carretera» y se está trabajando en un estudio.
Así, ha explicado que «esas cosas no son de un día para otro», tras lo que ha recordado que la obligación de Servicio Público que afectaba a esta empresa «estaba vinculada a una conexión a nivel nacional de la línea Mérida-Sevilla, que finalizó, se volvió a licitar y se adjudicó a esta empresa con un 50 por ciento de bajada».
En este punto, «cada empresa tendrá que analizar a dónde llega, cómo llega y sus cuentas», ha señalado García Bernal.
En su intervención, la consejera ha explicado que han mantenido «innumerables reuniones» con la empresa, con trabajadores, con el Comité de Empresa, y «unas veces dicen que se les debe un dinero, otras veces dicen que otro», y en las que se le dijo a la empresa que «lo que tenía que hacer era pagar a sus trabajadores», ha dicho.
García Bernal ha garantizado que a fecha 31 de diciembre de 2017 «está pagado» lo correspondiente a la tarjeta de transporte, «que se ha pagado en marzo de 2018 el último trimestre de 2017», ha concluido.
