Durante su comparecencia en la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados, Báñez ha señalado que esta mañana ha remitido a las Comunidades Autónomas (CCAA) un borrador de acuerdo para ese encargo y el real decreto que permitiría prorrogar este plan, que venció el pasado 15 de agosto.
El 14 de agosto, Empleo, tras reunirse con los agentes sociales, ya anunció que se convocaría a las Comunidades Autónomas para consensuar un mecanismo «extraordinario y temporal».
«Es la única opción viable», ha insistido hoy Báñez, que confía en lograr el consenso de las CCAA desde un «diálogo leal» en una conferencia sectorial que se celebrará «lo antes posible».
Báñez ha justificado esta última extensión del Prepara mientras se trabaja con los agentes sociales para rediseñar los distintos instrumentos de protección para parados de larga duración existentes (Prepara, PAE y RAI).
«Queremos fundir los programas en uno», ha señalado Báñez, que ha recordado que el próximo 4 de septiembre se reunirá con los agentes sociales en la mesa del plan de choque por el empleo.
El objetivo es «revisar» todos los planes de ayuda de parados para darles coherencia, adecuarlos al marco competencial y a la doctrina del Constitucional, y mejorar la eficacia de la cobertura existente.
El plan Prepara quedó extinguido el pasado 15 de agosto, una vez que bajó el nivel de paro del 18 %, condición que permitía su prorroga automática, y tras conocerse una sentencia del Constitucional que estimaba un recurso del País Vasco considerando que la gestión de estas ayudas corresponde a las autonomías.
Hoy, el diputado del PNV Iñigo Barandiaran ha pedido que se contemple «la compatibilidad de las ayudas» del Plan Prepara con las que el Gobierno vasco asume a través de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que va desde los 682 euros hasta los 1.047 euros mensuales.
«Tenemos voluntad de permitir la viabilidad del programa por razones humanitarias y de solidaridad, ofrecemos colaboración», ha asegurado Barandiaran, que ha exigido «reciprocidad por parte del Gobierno» para ser más eficientes en la gestión de las ayudas.
En el turno de réplica, Báñez ha tendido la mano al PNV para poder llegar a un acuerdo.
Desde Esquerra también han afeado la «invasión» de competencias y han pedido al Gobierno que acate la sentencia del Constitucional.
El plan Prepara, creado en febrero de 2011, contempla ayudas de hasta 450 euros durante 6 meses para parados con cargas familiares y que han agotado las prestaciones por desempleo.
Desde su puesta en marcha, con doce prorrogas, casi un millón de parados (952.000) han sido beneficiarios de este programa. La nueva ampliación sería de 6 meses más, hasta el 15 de febrero.
Junto a este plan, están en vigor el Programa de Activación para el Empleo (PAE) y la Renta Activa de Inserción (RAI) para desempleados de larga duración que han agotado el paro.
Antes de entrar en el tema de la comparecencia -la situación del Prepara- Báñez ha hecho un amplio repaso por los datos del mercado laboral español y ha destacado que la recuperación económica está siendo «solida y sana», preservando los pilares del Estado del Bienestar.
«Ha sido una salida de la crisis a la española», ha definido Báñez, para quien España ha dado ejemplo logrando una «salida social» de los años más duros de recesión.
Sobre los salarios, y si deberían subir, desde Empleo insisten en que debe haber subidas pero compatibles con la creación de empleo y la ganancia de competitividad de las empresas.
Desde el PSOE han criticado el discurso «triunfalista» de Báñez sobre la situación del mercado laboral y la economía, y han denunciado «la deficiente cobertura a personas desempleadas y subempleadas».
Podemos ha acusado al Gobierno de ser «una trituradora de empleo» y han pedido elevar la cuantía de las ayudas a parados que, ha calificado, de «limosna».
Una mayor inversión en políticas activas de empleo ha pedido Ciudadanos y que ese gasto «sea mucho más efectivo».
El sindicato CCOO ha acusado a la ministra de «echar balones fuera», escudándose en comunidades autónomas e interlocutores sociales, «cuando la responsabilidad de que las personas desempleadas no puedan acceder al plan es de Empleo».
