Tras conocerse esta decisión, el Ejecutivo extremeño ha explicado que para asegurar el derecho a la universalidad de la asistencia sanitaria, uno de los preceptos afectados, el Gobierno regional «elaborará normas de rango inferior para garantizar ese derecho».
En cuanto a la inembargabilidad de ayudas económicas extraordinarias de apoyo social, según la Junta, la propia reseña del Consejo de Ministros dice que se va a llevar a cabo una modificación legislativa para evitar los embargos de las ayudas sociales en caso de emergencia social, por lo que entiende que «comparte» su precepto.
La Junta ha precisado que en el recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional «no se pide la suspensión» de la Ley de Exclusión Social extremeña sino que se recurren ciertos preceptos que se refieren a la universalidad de la atención sanitaria y la inembargabilidad de las ayudas de apoyo social.
