Según ha explicado en su intervención ante los periodistas el director general de Turismo Francisco Martin, el Ejecutivo regional está “absolutamente en contra de la economía sumergida”, por lo que desde el inicio de la legislatura su departamento se ha centrado en la lucha contra estos establecimientos, “sean de la hostelería o de alojamiento propiamente dicho”, pese a que el problema en Extremadura dista mucho del alcance que se registra otras ciudades turísticas, como Barcelona, Madrid o Ibiza.
“Es de menor dimensión, pero el problema existe – ha manifestado – pero preocupa al sector y a la Junta de Extremadura, que debe velar por la calidad del turismo y la seguridad del turista. Estas viviendas ilegales ejercen una competencia desleal frente a los profesionales del sector que cumplen con la ley y además crean empleo en la región”.
De las viviendas localizadas, detectadas en diversas páginas webs, 102 se encuentran en fase de actuaciones previas; esto es, se ha localizado al propietario y el servicio de inspección “ha podido informarles de los pasos a seguir para regularizar su situación”.
En este sentido, 48 titulares manifestaron su interés en iniciar la actividad turística legalmente, para lo cual deben inscribir el establecimiento en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Extremadura y entregar a la Dirección General de Turismo la declaración responsable, entre otros documentos.
Finalmente, el servicio de inspección procedió a abrir 14 expedientes sancionadores, de los cuales, dos han finalizado con sendas multas de 6.001 euros.
Esta actividad inspectora, que funcionó en la anterior legislatura, es uno de los cinco ejes de acción que el titular de Turismo tiene en marcha en la lucha contra el fraude, ya que al mismo tiempo se trabaja estrechamente con los ayuntamientos para identificar las viviendas, puesto que en muchos casos es “imposible identificar al propietario porque en la plataformas comercializadoras no aparecen ni fotos de la fachada ni contacto con el dueño”.
El tercer eje de Turismo ha sido buscar en estos dos años de legislatura el compromiso con el Gobierno de España, para lo cual Extremadura, en reiteradas ocasiones, ha trasladado al Ministerio de Turismo, a la Secretaría de Estado y a la Mesa Nacional de Directores de Turismo la necesidad de disponer de un marco armonizado en España que regule el uso de las viviendas de uso turístico.
Por otra parte, la Dirección General de Turismo ha requerido a las principales plataformas que están comercializando estas viviendas ilegales en Extremadura a que “procedan de forma inmediata a eliminar de sus canales de publicidad y/o comercialización los mencionados establecimientos turísticos que no se encuentran inscritos en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Extremadura, en aras a garantizar y proteger los derechos y legítimos intereses, tanto de los usuarios como de las empresas legalizadas correctamente”.
Por último, Francisco Martín ha manifestado que su departamento ha iniciado el procedimiento para reformar la Ley de Desarrollo y Modernización del Turismo de Extremadura, con dos novedades relacionadas con este problema, que las empresas turísticas que publiciten y/o comercialicen sus productos y servicios deberán identificarse con su número de registro y que las plataformas estarán obligadas a retirar los establecimientos no identificados.
