El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Luis Alfonso Hernández Carrón, ha denunciado que las contrataciones de cargos, ex cargos y familiares de socialistas extremeños en empresas públicas dependientes de la Junta tenían el visto bueno del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y del consejero competente en materia de Vivienda, José María Vergeles.

Hernández Carrón ha aseverado que en la Comisión no permanente de investigación sobre la Contratación de Personal en el Sector Público Empresarial se ha acreditado cómo el actual gerente de Gisvesa, Lorenzo de la Calle, ha señalado al consejero Vergeles y a la secretaria general de Vivienda, Mª Isabel Moreno Duque, como responsables de las contrataciones de cargos y familiares de socialistas extremeños.

En la sesión de hoy, el gerente de Gisvesa ha acreditado que la decisión por parte del Ejecutivo de Vara de no exigir titulación en los procesos de contratación de personal por parte de Gisvesa para cubrir los puestos de encomiendas de gestión fue adoptada “por la secretaria general de Vivienda”, la señora Moreno Duque, pero que esta decisión fue supervisada por el consejero y, posteriormente, avalada por el Consejo de Gobierno.

El portavoz adjunto del GPP, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha subrayado que estas contrataciones amparadas por el “criterio único del carné del PSOE” son “del todo irregulares”, vulneran abiertamente las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y conculcan los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben presidir cualquier proceso selectivo en el ámbito del sector público.

Asimismo, el GPP ha hecho hincapié en que tras la sesión de hoy se comprueba que hay una nueva remesa de enchufes a socialistas y allegados. En total, han salido a la luz 11 nuevos casos, que se suman a los acreditados con anterioridad de personas que fueron contratadas en el sector empresarial público. Esto eleva al 70% los enchufados socialistas en el Observatorios de la Vivienda y el Programa de Intermediación Bancaria.

El GPP ha destacado que Vergeles se haya defendido parapetándose en los técnicos, a los que ha responsabilizado de no exigir titulación en los procesos de selección. El hecho palmario es que socialistas como José María Paredes accedieron a cargos -como responsable de coordinación financiera en este caso- con retribuciones superiores a 50.000 euros al año, a los que no hubieran podido optar si se hubiera exigido una titulación.