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La portavoz de Unidas por Extremadura ha defendido las 51 enmiendas presentadas a la Ley de Gestión y Ciclo Urbano del Agua de Extremadura
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Además de la gestión pública del agua, De Miguel también ha defendido la gestión directa de los saltos hidráulicos cuyas licencias están caducadas, como la del Peña del Águila
Irene de Miguel ha reclamado que la Ley de Gestión y Ciclo Urbano del Agua de Extremadura contemple la gestión pública de este bien, “que no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que debemos proteger y defender”, ha dicho la portavoz durante la defensa de las 51 enmiendas que Unidas por Extremadura ha presentado a este proyecto de ley.
De Miguel ha recordado durante su intervención que el agua es un derecho humano esencial, reconocido por la ONU, y por lo tanto no debe ser concebido como una mercancía. “El agua es fundamental para la vida, y por tanto debe ser asumida como lo que es, un bien común a proteger y garantizar, que debe alejarse de las lógicas del mercado que solo benefician a los intereses privados”.
La portavoz ha insistido en que después de 30 años de privatizaciones se han constatado “deficiencias graves que en la mayoría de los casos supone no garantizar el derecho humano al agua”. Y ha puesto como ejemplos lo que ha ocurrido en municipios extremeños como Plasencia, Coria, Sierra de Fuentes o Valencia del Ventoso.
Precisamente, De Miguel se ha detenido en Valencia del Ventoso, que es el municipio que actualmente se está movilizando exigiendo mejoras en la calidad del agua. “En Valencia del Ventoso el agua no ha sido apta para el consumo y nadie se lo ha comunicado a los vecinos y vecinas”, ha dicho la portavoz, quien también ha señalado que en ese municipio el precio del agua “que no se puede beber”, va a subir un 8,2 por ciento. “Se paga más por el agua que por la luz”, ha dicho la portavoz, quien también ha asegurado que si la gestión del agua en Valencia del Ventoso fuera pública “se podrían tomar medidas”.
La líder de Unidas por Extremadura ha asegurado que esto es fruto de la privatización del agua que se produjo en ese municipio en 2006 por 25 años, a cambio de un canon concesional “que no ha ido a reparar las redes hidráulicas”. “En la mayoría de los casos, este canon se invierte en cuestiones ajenas a lo que es la gestión del agua”, ha dicho. De Miguel ha recordado que Francia ya ha prohibido el canon concesional del agua y ha defendido que una de las enmiendas del grupo parlamentario contempla que el canon deba ser finalista, “que se obligue a los ayuntamientos a utilizarlo en la gestión del agua y no a otros usos, como por ejemplo a cambiar la gradería de una plaza de toros como ha ocurrido en un municipio de Extremadura”.
Por todo ello, desde Unidas por Extremadura apuestan por que la administración pública impulse la gestión directa del agua “para garantizar un control, una calidad, un adecuado acceso, mayor transparencia y mayor participación ciudadana”.
De Miguel también ha explicado que sus enmiendas también contemplan que la administración pública se comprometa con los municipios en la paulatina eliminación de las tuberías de fibrocemento que están prohibidas en la Unión Europea desde el año 2001.
Otra de ellas también plantea la gestión directa de los saltos hidroeléctricos cuyas concesiones están caducadas, como por ejemplo la de Peña del Águila. “Esta semana hemos conocido que ha que Iberdrola ha usado 82.000 millones de litros de agua para producir energía barata, lo que consume la ciudad de Cáceres durante 3 años”. “En un mes ha utilizado lo que utiliza toda la población extremeña en un año, y mientras nuestros embalses están peor que hace dos años, cuando los dejó secos”, ha argumentado De Miguel para pedir la gestión directa de esos saltos.
