Desde que convocaron este segundo paro el pasado 5 de noviembre, el Ministerio de Justicia se ha reunido en tres ocasiones con ellos para negociar e intentar que no hubiera huelga, pero el Gobierno no lo ha conseguido. Seis de las siete asociaciones -todas menos la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecía la ministra Dolores Delgado- explicaron tras el último encuentro que seguían adelante porque no les habían ofrecido «nada en concreto».
La UPF, por su parte, argumentó en un comunicado en solitario que también mantenía la huelga «como un medio de lograr que los partidos políticos acaben con la situación actual» de la justicia, pero resaltó que habían «conseguido más en cuatro meses que en los siete años anteriores con el Gobierno del Partido Popular».
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales lamentan que parezca que los partidos -estén en el Gobierno o la oposición- solo alcanzan acuerdos «pacíficos y sólidos en lo que a control del Poder Judicial se refiere».
Sin embargo, aseguran, no hay ni «dinero» ni «interés» para que recuperar el nivel salarial previo a la crisis, crear órganos judiciales, modernizar y dotar de medios materiales suficientes o para incrementar la autonomía del Ministerio Fiscal.
Jueces y fiscales hablan de una «situación crítica» de la justicia, a la que califican de «anticuada, obsoleta, insuficiente y lenta», todo ello en un «ambiente de desafección de la carrera judicial con sus representantes». Los convocantes afirman que «España se merece una Justicia del siglo XXI, fuerte, con medios y con una renovada imagen de independencia«.
