Inicialmente el PSOE había presentado una propuesta de pronunciamiento, a la que el PP presentó una enmienda tendente a incluir la petición para que se negocie con la Comisión Europea la modificación de la legislación sobre el coeficiente de admisibilidad del pastoreo, «dando un tratamiento específico a la dehesa» ya que es «un ecosistema único» y económicamente beneficioso.
Finalmente, al texto se sumó una transaccional del PSOE en la que la Asamblea asume como propias las propuestas que la Junta está presentando ante el Gobierno y la Comisión Europea relativas a las modificaciones en la normativa con un tratamiento específico y protector de la actividad que en ellos se desarrolla.
Asimismo, se solicita que se reconozcan además los beneficios medioambientales y económicos que aportan los mismos.
En la defensa de la iniciativa, la socialista María Teresa Macías ha señalado que es «una petición de justicia» y que favorece a todos los extremeños, ya que las sanciones de la UE ascienden a casi 100 millones de euros.
Ha explicado que fue el Estado quien definió el sistema de identificación agraria que atañe a medios como la dehesa y que, por esto y ya que es «un problema nacional», no se le puede eximir del pago de ese dinero.
También ha aseverado que Extremadura no puede asumir el abono de esas sanciones y que en la región la dehesa es muy importante en los usos tradicionales agrarios y, en concreto, en la producción ecológica.
Por su parte, el parlamentario del PP José Antonio Echávarri ha subrayado que los extremeños «no van a pagar absolutamente nada», que la Junta, según un Real Decreto de 2013, también tiene competencias en la materia y que no se puede exigir al Gobierno central que pague «sine die».
El diputado de Podemos Eugenio Romero ha manifestado la preocupación de su partido por las sanciones de la UE, de la que ha señalado que desconoce el ecosistema de la dehesa y, en general, a Extremadura.
Romero ha añadido que, aunque los gobiernos regionales del PSOE y del PP tienen responsabilidad sobre el problema, es el Estado quien tiene que pagar las sanciones.
