La propuesta establece que este plan ha de elaborarse en colaboración con las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos.
En la defensa de la iniciativa, la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Victoria Domínguez, ha recordado que las tuberías de fibrocemento, fabricadas con cemento y fibras de amianto, están prohibidas desde 2003 por una directiva europea y que en España se prohibió el uso de amianto en el año 2001.
Además, en 2013, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se reconoce que la ingestión de agua procedente de tuberías de fibrocemento contaminadas con dichas fibras implica «un riesgo para la salud que puede manifestarse en patologías a largo plazo.
Domínguez ha recalcado que la existencia de las redes de fibrocemento supone un problema que no solo afecta potencialmente a la salud de los consumidores de agua potable sino también a los propios trabajadores que tienen que manipular este tipo de instalaciones.
La diputada socialista, Rosa Ana Chamorro Serrano, ha trasladado el acuerdo de su grupo con las medidas de la propuesta de Ciudadanos pero ha pedido que no se genere «una innecesaria alarma social».
Chamorro ha señalado que «la OMS establece que no hay pruebas uniformes de que la ingestión del amianto en agua de consumo sea peligroso para la salud, lo realmente peligroso es la manipulación y consumo».
Además, ha criticado «la política de recortes del PP» en lo referido a las Diputaciones provinciales y ha recordado que «pocos municipios tienen capacidad económica para acometer solos esos cambios».
El parlamentario popular Víctor del Moral ha argumentado que les parece «oportuna» la iniciativa de C’s para conocer la realidad de las redes de conducción de agua y eliminar las de fibrocemento, por su «repercusión favorable para la salud y el bienestar de los extremeños».
No obstante, Del Moral ha aclarado que lo que está prohibido es la fabricación e instalación de nuevas tuberías de fibrocemento pero «no está prohibido usar las que se encuentran instaladas».
En este sentido, y al igual que la diputada socialista, ha explicado que «lo peligroso» es la manipulación por parte de los trabajadores por «el polvo cancerígeno» que desprenden cuando, por ejemplo, se cortan con una radial, lo que obliga a tener una «cualificación específica y medidas de seguridad».
Ha señalado además que el plan de la propuesta se debe dotar de un presupuesto concreto porque «el problema no se arregla con recortes», para añadir después que el recorte en infraestructuras de abastecimiento y saneamiento ha sido «espectacular».
El diputado de Podemos Eugenio Romero ha coincidido en que el fibrocemento supone «un riesgo para la salud pública» que no puede seguir obviándose y ha recordado que su partido ya ha presentado una propuesta en este sentido a nivel nacional.
En su opinión, los efectos negativos del uso de este elemento «no es una desgracia que ha venido llovida del cielo» sino que en parte las administraciones públicas han permitido su «uso masivo» y han guardado «un silencio cómplice» en torno a ello.
Romero ha aseverado que no se han sustituido en años anteriores, a pesar de que ya se conocían sus perjuicios, «por esta connivencia con las cementeras».
