La Junta de Extremadura ha avalado las aportaciones que el sector ha realizado en la Comisión de Juego de Extremadura, en la que se ha abordado el desarrollo de medidas sobre el control y uso responsable de esta actividad lúdica.
Así se ha puesto de manifiesto en la reunión presidida hoy por la vicepresidenta de la Junta de Extremadura y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, quien ha trasladado al sector las novedades del Decreto Ley del Fomento del Juego Responsable de medidas urgentes para ese fin y la orden que regula el bingo mix.
La vicepresidenta ha matizado que no se puede obviar que se trata de un sector regulado y que la Administración regional debe garantizar la seguridad jurídica.
Durante el encuentro, según ha explicado la vicepresidenta, ha tenido lugar un amplio y rico debate sobre las cuestiones atendidas en el decreto-ley y sobre su posterior desarrollo parlamentario, materia para la que los asistentes se han emplazado a una próxima reunión.
Asimismo, el Ejecutivo extremeño se ha comprometido a instar a la Administración del Estado, competente en algunos ámbitos, para que culmine una regulación que amplíe el compromiso que ya existe en la región respecto a la protección de menores, jóvenes y personas vulnerables.
En este sentido, Blanco-Morales ha explicado que la Junta de Extremadura realiza desde hace tiempo campañas de prevención, de acompañamiento y de sensibilización para menores, jóvenes y familias sobre un juego responsable.
La Junta de Extremadura fomenta que los ciudadanos sean responsables y estén acompañados por una Administración comprometida que previene, asiste, inspecciona y sanciona cuando se producen conductas ilegales.
Por último, la titular de Hacienda ha realizado un llamamiento a las familias para que conozcan los recursos que la Administración pone a su disposición en el ámbito de la prevención.
POLÍTICA INTEGRAL DE JUEGO RESPONSABLE
El Decreto-ley de medidas urgentes para el Fomento del Juego Responsable en la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado en el Consejo de Gobierno del 5 de febrero, desarrolla una política integral de juego responsable que compromete a Administración y empresas a promover acciones preventivas y de reparación de los efectos negativos.
Los objetivos que persigue esta nueva normativa son proteger a los sectores más vulnerables, especialmente a menores, jóvenes y adolescentes; evitar hábitos y conductas patológicas; garantizar la defensa de los consumidores; y reducir, diversificar y no fomentar el hábito de juego.
En este sentido, el decreto-ley establece distancias mínimas entre establecimientos de juego en núcleos urbanos de 250 metros y respecto a centros de educativos de 300 metros; recoge que la recaudación de las sanciones revertirá en actuaciones de asistencia en esta materia; y otorga a la Policía Local la función de autoridad de juego.
En el ámbito de la publicidad, deberá cumplir con los principios del juego responsable y advertir de que la práctica de juego puede producir ludopatía, así como promover los mecanismos de prohibición en equipaciones, instalaciones, patrocinio o similares de todo tipo de apuestas deportivas.
