En este sentido, tras rehusar valorar el procedimiento de la antigua dirección de Canal Extremadura en dicho contrato, ha insistido en el planteamiento de que «los mecanismos de control funcionan y los mecanismos de control existen para estos casos, para cuando hay duda sobre si las cosas se han hecho conforme a ley o no»; y ha añadido que la Junta lleva a la Fiscalía la cuestión por si las actuaciones «fueran constitutivas de delito».
«Sin ánimo de prejuzgar nada, el pasado 22 de septiembre la Junta de Extremadura decide poner en conocimiento de la Fiscalía de la comunidad autónoma las conclusiones definitivas de la auditoría del contrato del que tuvo conocimiento el pasado mes de febrero por si fueran constitutivas de delito», ha dicho Gil Rosiña.
A preguntas de los medios en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico sobre una información del Diario HOY relativa a un posible sobrecoste en un contrato de la Cexma de un plató, la portavoz de la Junta ha insistido en que la «obligación como servidores públicos» de la Administración regional es «activar los mecanismos de control con el ánimo del normal funcionamiento de la propia administración y por lo tanto sin el ánimo de prejuzgar nada».
En todo caso, ha añadido que «cuando estos mecanismos de control arrojan dudas sobre los procedimientos» la «obligación como servidores públicos es trasladarlo y ponerlo en conocimiento (de la Fiscalía), y eso es lo que ha hecho la Junta de Extremadura», ha indicado.
Sobre el contrato en cuestión, ha explicado que la Junta tuvo conocimiento el pasado mes de febrero de su suscripción por parte de la Cexma para arrendar un plató en Mérida, y ha añadido que de su lectura se suscitaron «dudas» respecto al procedimiento por el que se realizó, lo que llevó a la activación de una auditoría por parte de la Intervención General de la Administración regional, y cuya realización se notificó –ha señalado– el pasado mes de marzo a la dirección de Canal Extremadura.
