Se considera inadmisible la postura de la concejala popular Montaña Jiménez, ya que no debería haber participado en las deliberaciones y votaciones sobre el asunto concerniente al futuro parque empresarial al estar implicado su padre, como propietario de parte de los terrenos.
Los protavoces de los tres grupos de la oposición municipal cacereña han señalado que desde el momento en que se empezó a abordar este asunto en los diferentes órganos municipales, la edil debería haberse ausentado en las votaciones, al igual que han hecho los concejales de sus grupos cuando haya podido existir un conflicto de intereses.
«No entendemos -han añadido los portavoces- cómo Jiménez puede decir que no le dio importancia y que quizá se debería haber abstenido, cuando lo que debe hacer es no participar en las deliberaciones y votaciones. Y ausentarse de las mismas cuando estas se producían».
Por este motivo, exigen la dimisión de Jiménez y, si no lo hace, que la alcaldesa, Elena Nevado, la cese de todas sus funciones en el Gobierno municipal y en la Junta local de Gobierno, porque de lo contrario esto querría decir que «Nevado lo conocía y es cómplice».
Por último, han criticado que desde el equipo de Gobierno la «única reacción» haya sido «decir que no va a participar en sucesivas votaciones.
EL EQUIPO DE GOBIERNO SE PRONUNCIA
el equipo local de Gobierno de Cáceres ha afirmado que La concejala de Medio Ambiente, Montaña Jiménez, «no ha cometido ningún tipo de irregularidad» y que los partidos de la oposición piden «una responsabilidad inexistente», por lo que se descarta pedir su dimisión.
El Gobierno local defiende «la honorabilidad» de la edil y ha incidido en que se trataba de una propuesta de viabilidad de un proyecto que salió adelante con los informes técnicos favorables y con los votos de PP, PSOE y C’s, y la abstención de CáceresTú.
Por este motivo, el voto de la concejala a la que hace referencia la oposición «no era ni necesario ni determinante para la aprobación de un proyecto que será muy beneficioso para la ciudad por la generación de oportunidades y empleo».
Según el Gobierno local, en caso de no haber votado la concejala no se habría alterado el resultado de la viabilidad del proyecto, por lo que no se pueden buscar dobles lecturas a este asunto.
Ha señalado que la edil no se abstuvo en ese punto al entender que se trataba de una consulta relativa a la viabilidad y no de aprobar proyecto o recalificación alguna.
«En el caso de haber cometido un error por no haberse abstenido, la concejala ha mostrado su total disposición a subsanarlo», dado que «no existía ninguna intencionalidad en que la acción pudiera afectar al proceso», agrega.
Según el Gobierno local, estos terrenos contaban ya con la calificación y el uso comercial ya que la última aprobación del Plan General Municipal (PGM) en 2010 la llevó a cabo la entonces alcaldesa Carmen Heras, del PSOE, junto con IU y Foro Ciudadano, y con la aprobación de la Junta de Extremadura, gobernada por el socialista Guillermo Fernández Vara y «muy anterior a la entrada de la concejala en política».
Así, añade, «se constata la falta de implicación en los distintos procedimientos».
Además, también ha dicho que los terrenos «son propiedad familiar desde hace varias décadas, incluso antes de la construcción del antiguo centro comercial PRYCA, que todavía está en servicio bajo otra marca comercial, lo que es un ejemplo de la falta de relación entre una cuestión y otra».
