El 23 de marzo pasado, la Fundación Corell presentó en Madrid el trabajo ¨Bases para
una nueva Ley general de Movilidad Sostenible”. Se trata de un trabajo promovido por
la Fundación y elaborado por prestigiosos juristas del área del Derecho público y de la
movilidad. Una iniciativa del sector privado que se presenta con anterioridad a la
propuesta de la administración en línea con lo que debe ser la colaboración públicoprivada.
La normativa actual se ha desarrollado a partir de la Ley de 1987. Urge, por tanto, una
actualización con un alcance superior que incluya las infraestructuras y aborde la
sostenibilidad del sistema.
Es igualmente necesario adaptar el sistema de transporte de viajeros a los cambios
demográficos que se han producido en los últimos cuarenta años, con la concentración
de la población en grandes ciudades que demandan nuevos modos de organización y
gobernanza de los servicios a prestar a la ciudadanía.
En el ámbito organizativo es evidente la necesidad de coordinación entre los distintos
niveles de la Administración pública involucrados en la ordenación de la movilidad de
las grandes ciudades y también por supuesto la de armonizar las normativas de las
conurbaciones y sus municipios próximos. A veces descuidamos que la ordenación de
la movilidad incide de lleno en el modelo económico de las grandes ciudades, Desde
esta óptica, un ejemplo de estrategia de movilidad alineada con la eficiencia económica
podría ser el de una regulación específica de la distribución urbana de mercancías
(DUM) y su versión más actualizada, la vinculada al e-commerce, lo que dicho sea de
paso sería también una actuación clave desde el punto de vista medioambiental.
En las grandes ciudades asistimos a la irrupción masiva de las nuevas formas de
movilidad: coches, motos y bicis compartidas, y el fenómeno de la denominada
micromovilidad de la que es exponente el creciente impulso del patinete eléctrico.
En cuanto al progreso tecnológico nos referimos a título de ejemplo a las experiencias
y ensayos en la UE en el tema de vehículos autónomos, viales inteligentes e
incrementos en los pesos y dimensiones de los vehículos.
¿Se podría pensar en una ¨regulación evolutiva y adaptativa¨ resultante de una política
activa por parte de la Administración pública en base también a un trabajo prospectivo
y la colaboración del sector privado?
El concepto de movilidad inclusiva, que haga llegar a todas las personas los efectos
beneficiosos de un sistema indispensable para el desarrollo de derechos tan básicos
como el trabajo, la educación o la asistencia sanitaria y social debe imponerse ante
cualquier otra consideración en una sociedad moderna y avanzada socialmente.
En definitiva, la nueva regulación habrá de discurrir por estos y otros caminos cuya
descripción detallada excede del objetivo de este artículo. Pero el ritmo que debe
imprimirse a la transformación normativa, y la necesidad de un marco colaborativo
público-privado, del que es expresión el trabajo de la Fundación Corell, son sin duda
factores que deben priorizarse ante el importante reto que nos hemos impuesto.
Jorge Hernando, director del Think Tank Movilidad de la Fundación Corell
