Las Administraciones Públicas están obligadas a cumplir el paquete de ahorro de energía de Sánchez

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El plan de ahorro energético que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, anunció el viernes no solamente va a afectar a las empresas privadas, sino que todas las Administraciones Públicas están obligadas a cumplirlo, lo que afectará a los ayuntamientos, las comunidades autónomas y la Administración General del Estado.

El Consejo de Ministros aprobará eSTE lunes este plan, que no va a circunscribirse únicamente a las empresas privadas, según ha afirmado María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, durante una entrevista en La Sexta.

Será mañana cuando se conozcan las medidas detalladas de este plan, si bien incluirá, como informó EL ESPAÑOL-Invertia, una limitación al consumo de energía en locales climatizados, en los que la temperatura no superará los 19 grados cuando sea necesario utilizar calefacción ni bajará de los 27 grados cuando sea necesario refrigerar.

Unas medidas que llegan después de que Bruselas haya anunciado sus objetivos de racionamiento del gas en Europa para reducir la dependencia de Rusia, según los cuales España tendrá que recortar un 7% el consumo de gas a partir del 1 de agosto.

A este respecto, la ministra de Hacienda ha prometido que «no habrá cortes de suministro o recortes este otoño», si bien se promoverá «un uso racional» de la energía o «ser capaces de ser más austeros para que no haya un uso excesivo de energía». «Hacer un uso lógico de una fuente de energía va a provocar ahorro a las administraciones, a las economías domésticas y al conjunto del país», ha añadido.

Montero ha garantizado que los clientes no tendrán que asumir los nuevos impuestos temporales que el Gobierno quiere obligar a pagar a las compañías eléctricas y los bancos por sus ingresos.

«[Dentro de la proposición de ley] Va un artículo específicamente dirigido a que se prohíbe que se vaya a trasladar el coste de esas medidas al consumidor con unas sanciones muy importantes, que incluso son del 150% de lo que haya transgredido esa empresa con una vigilancia muy estrecha por parte del organismo independiente que vela por el cumplimiento a nivel empresarial de todas estas obligaciones», ha apuntado Montero.

Según ha dicho, la garantía de que no se repercutirá a los clientes se basa en que «cuando hay una prohibición por ley cabe esperar que las empresas no van a, deliberadamente, saltarse esa prohibición». «Se puede afirmar que hay garantías para que los ciudadanos no terminen pagando el coste», ha añadido.

Montero ha expuesto que con estos nuevos gravámenes «lo que se persigue es una redistribución justa de las cargas, del esfuerzo que en estos momentos tenemos que afrontar la sociedad con motivo de ese incremento de la inflación, provocado sobre todo por la guerra de Ucrania, para que no paguen los de siempre, para que no paguen los mismos». En su opinión, es momento de que esa redistribución afecte a las «abultadas cuentas de resultados de estas empresas».

«Es lógico que a aquellas empresas a las que se les pide que arrimen el hombro en mayor medida -no por casualidad, sino porque estamos viendo estos días que han duplicado [beneficios], triplicado y tienen una previsión de cierre del año con unos incrementos muy importantes- se les pida un esfuerzo añadido para que las familias no paguen, como siempre, las consecuencias de la crisis«, ha dicho.

Respecto a la posición del Partido Popular sobre estos impuestos, la ministra ha criticado que «es complicado entender por qué el PP no defiende este impuesto»: «El PP no termina de decir cuál va a ser su voto en relación con esa medida y por qué siempre se ocupa más de los intereses de una minoría que de los intereses generales del país».

Vía MSN/EL ESPAÑOL


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