Los empresarios de Grúas de Auxilio en Carretera,
agrupados en torno a la Red de Empresas de Auxilio en Carretera (REAC) y la
asociación AGREGA-GRÚAS tienen como única actividad la prestación de servicios de
asistencia y auxilio en carretera para vehículos, principalmente turismos y motos, pero
también camiones. Estos servicios consisten en asistir accidentes o averías, evitando
obstaculizar la circulación y minimizando el riesgo de exposición a accidentes, en aras
de la Seguridad Vial.
De ahí la estrecha vinculación de las restricciones a la movilidad con la actividad de
estas empresas. A fecha de ayer día 22 de marzo de 2020, según datos gubernamentales
ofrecidos en rueda de prensa, el tráfico de camiones ha caído un 39% y el de vehículos
turismo más de un 85% por la crisis de COVID-19. Al no circular vehículos la
siniestralidad y averías ha descendido en más de un 91%, según datos sectoriales, de
modo que las empresas de grúas de auxilio en carretera no tienen servicios que prestar,
abocadas a ERTEs por causas de fuerza mayor, si bien ajenos a las ayudas del Real
Decreto de Estado de Alarma, puesto que su actividad se encuentra encuadrada
desacertadamente como “transporte por carretera”, cuando su actividad no es de
transporte, sino que es totalmente auxiliar y asistencial de esta otra.
Por otro lado, prácticamente el 98,6% % de la facturación de estas empresas se dirige a
Compañías de Asistencia en Viaje, cuya actividad principal es la de mediar entre los
propietarios de vehículos asegurados y las empresas de Auxilio en Carretera, en base a
las pólizas de seguros de asistencia en viaje que aquellas gestionan.
En consecuencia, la restricción de movilidad decretada en el artículo 7 del Real Decreto
463/2020 de 14 de marzo, fuerza a los empresarios de auxilio en carretera a la masiva
Agrupación de Profesionales de Auxilio en Carretera Red de Empresas de Auxilio en Carretera
presentación de ERTEs por causas de fuerza mayor lo que podría dejar desatendida de
asistencia en carretera a toda la red viaria española.
Los trabajadores de nuestras empresas están altamente especializados de modo que
además la afectación que tengan los casos de COVID-19 entre las plantillas podrían
suponer la inexistencia de personas capacitadas para hacer este servicio tan necesario
para la sociedad, la Seguridad Vial y el interés general, por lo que, como aseguró su
presidente Manuel Fernández Luque, “desde la Red de Empresas de Auxilio en
Carretera (REAC) estamos instando a los más de 1500 operarios y más de 100
empresas distribuidas por toda la geografía española, islas incluidas, a que puedan
permanecer de “reten” o activos, ante la situación del COVID-19, para que minimicen
la exposición de nuestros operadores al riesgo de contagio”.
Para lograr este objetivo es preciso también que nuestros operadores obtengan los EPIs
apropiados frente al coronavirus, de los que actualmente no se dispone y hasta que sean
entregados por la autoridad conforme la ORDEN TMA 263/2020, de 20 de marzo por al
que se regula la adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se incrementa el riesgo de contagio de las
plantillas y los usuarios de la asistencia en carretera, por lo que Fernández Luque
expuso que “han solicitado del Gobierno un cauce adecuado de entrega de estos
equipos, estando aún a la espera de respuesta”.
La Red de Empresas de Auxilio en Carretera (REAC) insta a las empresas del sector de
auxilio en carretera a no cerrar y mantener una plantilla mínima para auxiliar los escasos
servicios de siniestros o averías que se produzcan., además de posibles incidencias a
solicitud de los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Guardia Civil de Tráfico.
Los sanitarios, limpiadoras, reponedores, cajeras, basureros y demás colectivos tan
necesarios y tan expuestos tienen que poder seguir yendo a trabajar para luchar contra
este virus y para intentar que no surjan otras plagas o enfermedades, y no podemos
permitirnos el lujo de que se queden averiados en medio de una carretera comarcal, o en
una autopista.
Para ello han solicitado al gabinete de Crisis por el COVID-19 la mayor ayuda e
implicación del Gobierno en este asunto como sector estratégico para el mantenimiento
de la Seguridad Vial, máxime al ser muy escaso el número de trabajadores
especializados y dada la importancia de preservar unos servicios mínimos sin cierre
total, instando al Gobierno a que facilite una reducción estratégica de las plantillas en
nuestro sector de actividad por fuerza mayor.
