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LECCIONES A EXTRAER DE LA MARINA ISLA DE VALDECAÑAS

LECCIONES A EXTRAER DE LA MARINA ISLA DE VALDECAÑAS

El contenido del auto sobre la ejecución de sentencia relativa a Marina Isla de Valdecañas, emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX), ha resultado ser el menos malo de los posibles al mantener en pie lo construido y ha permitido, por medio de una actuación inteligente de los magistrados: salvar los muebles a la sociedad promotora, mantener la actividad económica en una zona muy deprimida, respetar la adquisición de buena fe realizada por parte de los propietarios y evitar unas cuantiosas indemnizaciones a abonar por la Junta de Extremadura en el caso de que se hubiera dictado una demolición total del complejo.

De este auto y de todo el proceso judicial habido en la génesis y actuaciones posteriores de la Marina Isla de Valdecañas, sería muy conveniente extraer algunas lecciones para evitar que en el futuro vuelvan a producirse despropósitos como el vivido, cuyos trámites judiciales han durado 14 años.

La primera consecuencia y de la que debería tomar buena nota el ejecutivo autonómico es que no se pueden declarar zonas protegidas a troche y moche, sin que existan unos rigurosos estudios justificativos, llevados a cabo por equipos de expertos multidisciplinares e independientes (por ejemplo, docentes e investigadores de la Universidad de Extremadura y otros especialistas destacados) y no por asociaciones o funcionarios de convicciones ecologistas y conservacionistas. En dichos estudios han de quedar descritos minuciosamente y acreditados de modo indubitable los valores ambientales a proteger, estableciendo la figura de protección más adecuada a cada caso.

Es obvio que en Extremadura hay zonas con valores ambientales suficientes para que sean objeto de protección. Hay variados ejemplos empezando por el Parque Nacional de Monfragüe.

No debemos perder de vista que, con datos de la Junta de Extremadura, nuestra región acoge actualmente las siguientes superficies protegidas: ZEPAs = 1.089.232,9 ha; Lugares de Interés Comunitario LICs= 828.949,17 ha; Espacios Naturales Protegidos ENPs: 314.110,89 ha. Total: 2.232.292,96 ha. El 53,5 % del territorio. ¿Les parece poco? Por arte de birlibirloque la Junta asegura que sólo hay 1.276.288,09 ha de superficie protegida, el 30,6 % de la superficie regional.  Supongo que la diferencia puede deberse a que hay zonas que tienen doble o triple figura de protección.

Hay que tener en cuenta que cuando se protege un territorio y se integra en la red Natura 2000, se desencadena una serie de cortapisas y prohibiciones ante posibles proyectos a acometer que son un freno para el desarrollo de dicho territorio y esto debería tenerse muy en cuenta antes de proteger una zona. Porque una vez que se declara la protección ya no hay vuelta atrás, salvo que se incoe un expediente de anulación de la protección con los inconvenientes y tediosos trámites que ello conllevaría.

 El caso de la ZEPA de Valdecañas es el paradigma de cómo no se deben hacer las cosas. Un territorio con más de 7.000 ha dentro de las cuáles estaba la península sobre la que se asienta la urbanización Marina Isla de Valdecañas con una superficie de unas 153 ha (alrededor del 2 % de la ZEPA). Esta península no tenía valores ambientales dignos de protección como se ha puesto de manifiesto en diversos informes y, sin embargo, fue incluida dentro de la ZEPA. En consecuencia, no podía construirse sobre ella lo que posteriormente un PIR autonómico autorizó y que las sentencias de los tribunales españoles anularon.

Esta vez la sensatez de los jueces ha impedido males mayores, como hubiera sido la reversión del territorio a su estado inicial tal y como establecía la sentencia definitiva del Tribunal Supremo. Incluso el auto de ejecución de la sentencia ha ido en contra del informe emitido, a solicitud del TSJEX, por expertos de Doñana, que valoraban en él que el derruir todo lo construido era menos malo ambientalmente que mantener las actuaciones.

El revertir la zona a su estado inicial tal y como establecían las sentencias de los tribunales es físicamente imposible; hecha la demolición total, el territorio volvería a ser otra cosa, pero no lo que era antes de ejecutarse las obras. Nunca, una vez demolidas las construcciones y rectificados los movimientos de tierra ejecutados se podría haber conseguido alcanzar el estado primitivo del área. Y ese imposible real supongo que habrá influido notablemente en el ánimo de los magistrados que han dictado el auto para la ejecución de la sentencia.

Visto todo lo ocurrido con Marina Isla de Valdecañas parece que ha llegado la hora de que la Junta de Extremadura, en base a los estudios de un equipo multidisciplinar experto e independiente, lleve a cabo un Plan de Ordenación del Territorio extremeño. Habrán de definirse en él las áreas a que ha de destinarse cada zona del mismo: zonas protegidas, urbanas y urbanizables, forestales, agrícolas de secano y dehesa, agrícolas de regadío, suelo industrial, llevando a cabo una revisión profunda de todo el territorio protegido hasta la fecha, desafectando de la declaración de protección todas aquellas áreas que no reúnan valores ambientales dignos de ser protegidos y supongan un corsé para el desarrollo regional.

Sería la lección más importante a extraer de un episodio tan complejo como ha sido el de la Marina Isla de Valdecañas. Tengo serias dudas de que se vaya a hacer nada al respecto. Pero les otorgaré el beneficio de la duda. A ver si hay suerte.

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