El juicio, que celebra la Audiencia Provincial de Cáceres aunque tiene lugar en la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de Cáceres debido a su magnitud, investigará una supuesta trama para blanquear dinero procedente del tráfico de drogas, que ha iniciado este viernes la Audiencia Provincial de Cáceres, defienden que el dinero de sus clientes procedían de los ahorros de su trabajo.
Este viernes el juicio ha arrancado con las cuestiones previas, y antes del inicio de la vista, el letrado Estanislao Martín, defensor de seis acusados en este procedimiento, uno de ellos considerado cabecilla, conocido como ‘El pastor’, ha considerado que la acusación del fiscal es «absolutamente genérica» para todos y, ha señalado que, es un «proceso contra una etnia».
Según ha explicado Estanislao Martín, los abogados defensores entienden que, la gran mayoría de los acusados no tiene «nada que ver» con el delito que se persigue en este caso y que se está «simplemente cuestionando la posible existencia de un tráfico de drogas por la existencia de dinero en cuentas».
Igualmente, ha indicado que, van a hacer todo lo posible por acreditar que el dinero de sus clientes es «sostenido de su trabajo», ha señalado el letrado.
Además, ha explicado que, otra de las cuestiones que se mezcla en este tema es que la Comunidad Evangelista de Filadelfia, en Plasencia, adquiere en el año 2005 una nave para el culto en la calle Los Mártires, que cuesta casi 300.000 euros y que, según explica Martín, como esta sociedad de culto no está constituida legalmente, el que pide el préstamo es uno de sus clientes (‘El pastor’).
Según ha indicado Martín, este préstamo se está pagando con las donaciones y, sin embargo, esto lo imputan como un dinero que podría ser procedente de las drogas «cuando se ha acreditado que hay una iglesia, que se hace culto todas las semanas y que se hacen donativos que se introducen en una cuenta para pagar no solamente el préstamo sino también los gastos de esta comunidad (luz, gasolina*)».
Por todo ello, «no está justificado que estén siendo acusados por parte del Ministerio Fiscal», ha recalcado el abogado.
Por su parte, Abel Martín Domínguez, letrado defensor de tres personas, ha asegurado a los medios de comunicación que, hay un «número importante» de familias que no tienen nada que ver con el «núcleo duro».
Este abogado ha señalado que «parecer ser» que en una de las familias sí estaría «bastante acreditado» el blanqueo de dinero, sin embargo, añade, «el resto desgraciadamente por tener un apellido similar o parecido a la etnia gitana se han envuelto en este tipo de procedimiento».
También ha dicho que es «evidente» que un menor de ocho años no pueda tener 300.000 euros en una cuenta corriente, pero, indica, «hay otros que es perfectamente lícito porque en el tráfico común es muy habitual abrir cuentas a menores para bautizos y comuniones».
Sobre las personas que defiende, señala que, son inocentes porque es dinero «completamente lícito adquirido con el sudor de su frente y, además, con indemnizaciones de tráfico», ha asegurado Martín Domínguez.
Otro de los abogados es José Antonio Cartagena, defensor de tres matrimonios acusados, uno de ellos de 80 años que, según ha apuntado el letrado, tiene 60.000 euros ahorrados de «toda su vida». «Son jubilados, eso significa que han estado trabajando y, si con ochenta años no se puede tener diez millones de pesetas ahorrados, entonces para qué trabajamos», se ha preguntado Cartagena.
Otro de los matrimonios a los que defiende se dedica al negocio del mercadillo, en el que se trabaja con dinero efectivo. «Los que trabajan en el mercadillo ahorran el dinero de toda la semana y después meten el dinero en el banco, no van a ir todos los días», y ha admitido que «lógicamente, eso canta cuando lo ven los inspectores de Hacienda y dicen que es dinero desconocido», ha señalado.
«Dinero desconocido, efectivamente, pero el dinero es desconocido por la sencilla razón de que están trabajando con dinero en efectivo, ahí no hay dinero con tarjeta y no se hace transferencia», ha defendido Cartagena.
«Hay un par de familias que están muy involucradas, pero eso no significa que todos los gitanos de Plasencia sean malos y que vengan haciendo defraudación, blanqueo de dinero o que el dinero tenga un origen del tráfico de drogas», ha dicho Cartagena, al tiempo que ha indicado que, en este caso, a su juicio, «han cogido a todos los gitanos que tienen una cartilla de 2.500 euros y de los que se desconoce el trabajo».
INICIO DE LAS DECLARACIONES
Así se han pronunciado algunos de los abogados de 117 acusados en el ‘macrojuicio’ con más acusados de este España, que ha arrancado este viernes en el salón de actos de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de Cáceres debido a la cifra de acusados, abogados defensores (38), testigos y fuerzas de seguridad.
Concretamente, este viernes han tenido lugar las cuestiones previas o también denominadas cuestiones técnicas, las cuales se resolverán la semana que viene, y en el que los acusados se han ido declarando inocentes uno a uno.
Las declaraciones comenzarán la semana del 23 de octubre y el juicio se prevé que dure ocho meses.
Cabe recordar que los hechos ocurrieron entre 2005 y 2014 y los acusados, pertenecientes a varias familias de etnia gitana, proceden principalmente del barrio San Lázaro en Plasencia, aunque también los hay que tienen su residencia en Cáceres, Navalmoral de la Mata, Madrid y Málaga.
Sobre ellos (64 mujeres y 59 hombres) pesa un presunto delito de blanqueo de al menos 13 millones de euros procedentes del tráfico de drogas. Según la Fiscalía, muchos de los acusados abrieron cuentas corrientes a nombre de menores de edad de su propia familia.
La cuentas eran con imposiciones a plazo y otros productos bancarios que permanecían operativos unos años y después se cancelaban bien sacando el dinero en efectivo, o mediante traspaso o transferencias.
El fiscal pide para dos de los acusados, conocidos como ‘El Jonhy’ y ‘El pastor’, nueve años y medio de prisión, y para cada uno de los otros, 115, ocho años de cárcel. También los acusados se enfrentan a multas que, en algunos de los casos, llegan al millón y medio de euros.
