Mucha expectación y pocas certezas en la primera jornada del juicio del caso FEVAL

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La Audiencia Provincial de Mérida ha acogido hoy el inicio de la vista oral, que se prolongará hasta el próximo viernes, un día más de lo previsto, ya que sólo ha podido testificar el exdirector general de Feval y exdiputado autonómico del PSOE, José Luis Viñuela; y el exsubdirector general Juan Cerrato.

A primera hora de mañana lo hará el exadministrador general José Villa.

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Los tres se han sentado hoy en el banquillo acusados de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad documental, y el fiscal pide para ellos, respectivamente, 21 años y seis meses de cárcel, 11 años y seis meses, y 9 años y seis meses, respectivamente.

Los acusados, que han diluido responsabilidades entre los distintos departamentos de la institución, han coincidido en que nadie, ni desde dentro ni desde fuera de ella, les alertó de supuestas irregularidades o malas prácticas en la gestión, y que las contrataciones respondían siempre a criterio de los técnicos.

Viñuela ha precisado que firmaba las cuentas pero que no las aprobaba, mientras que Cerrato ha aclarado que era el administrador general, que no es lo mismo que “único”, y que nunca tuvo un contrato de alta dirección.

Han negado que se troceara el contrato para la puesta en marcha del Centro de Emprendimiento de Feval con intención de burlar la ley, ya que, según Viñuela, cada uno de los tres que se hicieron era para cuestiones distintas.

Los acusados han justificado que no se sacara a la concurrencia con otras empresas contratos como el de limpieza, con la empresa Clece, de unos 150.000 euros anuales, porque conocían cómo eran los precios de mercado.

A pregunta de su letrado, Cerrato ha desvelado que el presidente del Consejo Rector, por entonces el ya fallecido Mariano Gallego, alcalde del PP en Don Benito, era el que firmaba el cheque para Clece.

Viñuela, que ha negado que desviara dinero de Feval o que permitiera hacerlo a otros, ha asegurado que ningún empleado de la institución hizo trabajos para él en su casa de campo durante su horario laboral.

Cerrato, por su parte, ha asegurado que Villa no tenía responsabilidades en materia contable, de contratación o de pagos, a pregunta del abogado de este acusado.

Viñuela y Cerrato han asegurado que las obras de arte adquiridas formaban parte del fondo aprobado para una feria y que para la compra eran asesorados por varios museos.

Las instalaciones deportivas, que incluían un jacuzzi, fueron algunos de los cambios introducidos en el proyecto dentro del amplio margen de maniobra que tenía la dirección facultativa, según su versión.

Han negado, además, que se despidiera a dos trabajadores por hacer objeciones a la firma de un arqueo de caja, y Viñuela ha apuntado que se sospechaba de ellos por la filtraciones que llegaban a la prensa.

El fiscal, por su parte, ha dirigido su interrogatorio a aclarar las competencias de los órganos rectores de Feval y las responsabilidades concretas que tenían los acusados.

Ha insistido mucho en la contratación, ya que ha preguntado sobre las irregularidades detectadas en las invitaciones cursadas a otras empresas para hacer el Centro de Emprendimiento y por qué Everis fue la adjudicataria cuando no era la mejor oferta económica y éste era el único criterio.

En este sentido, ha resaltado que la Intervención General del Estado señaló que los tres contratos adjudicados a Everis deberían haber constituido un único expediente, que hubiera necesitado de un concurso con publicitad al superar los 60.000 euros.

El fiscal se ha interesado mucho por el número de cajas fuertes, por qué se manejaba tanto dinero en efectivo y por qué no se estableció el uso de tarjetas de crédito para dejar constancia de los movimientos de dinero.

Asimismo, ha hecho hincapié en un documento “excel”, un contabilidad paralela que luego no coincidía con la real.

Tras el estudio de las conclusiones previas, el juez ha decidido que los procesados no sean juzgados también por los delitos contra la Hacienda Pública y societario, como pedía el PP, que sigue en la causa como acusación popular a pesar de que la defensa de Viñuela había pedido excluirle.


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