Pilar Martínez experta alude a recientes informaciones sobre la falta de constancia oficial por parte de la Junta de Extremadura de que Valdecañas sea una ZEPA y comentarios políticos sobre el acierto de su construcción
Pilar Martínez Abogados alerta de que es necesario abrir el debate y reconsiderar la excesiva protección medioambiental en España, así como las carencias y anomalías en el desarrollo e implantación de la Red Natura 2000, al hilo de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ordena derribar totalmente el complejo Isla de Valdecañas y la reposición a su estado originario del área que ocupa en la actualidad.
La experta hace referencia a recientes informaciones que aludían a la falta de constancia por parte de la Junta de Extremadura de la declaración oficial ZEPA Embalse de Valdecañas, así como a comentarios políticos sobre el acierto de dicho desarrollo urbanístico, ahora bajo riesgo de derribo. Esto, a criterio de Pilar Martínez Abogados, pone de manifiesto, una vez más, el debate existente, sobre la defectuosa implantación de la Red Natura en España y sobre la necesidad y eficacia de medidas que, en aras de una supuesta protección ambiental no acreditada, impiden todo tipo de desarrollo socioeconómico en nuestra España despoblada.
La abogada plantea la necesidad de analizar la supuesta declaración de la ZEPA de Valdecañas pues la ley vigente en aquel momento, salvo cierta modificación que introdujo la ley de montes con posterioridad, no hacía ninguna referencia a las figuras Red Natura de las que las ZEPA forman parte. “Si a esto sumamos que, desde la posible declaración, parecen haber transcurrido varios años sin que se hubiesen aprobado normas válidas de ordenación o planificación del espacio, en el sentido de haber dado cumplimiento a las exigencias y requisitos legales sobre la aprobación y eficacia de los planes de gestión, se abre un camino apasionante, no explorado en este asunto, y que sí ha sido recorrido en otros casos similares”, continúa.
En tal sentido, Pilar Martínez Abogados recuerda que la realidad, habitual en la implantación de la Red Natura en España, es la falta de cumplimiento por las comunidades autónomas, que proponen y declaran estos espacios, de los requisitos legales y jurisprudenciales para su declaración y para la implantación de los correspondientes planes de gestión. Este instrumento impone los límites y las restricciones para el suelo afectado. “Nos referimos, por ejemplo, a las exigencias de una adecuada e indubitada definición territorial, de la que carecen la gran mayoría de las figuras Red Natura en España; a la necesidad de dotar de medidas de protección y conservación basadas en estudios técnico-científicos rigurosos que, a menudo, no existen; a la aprobación de estos planes, previo desarrollo de verdaderos y eficaces proceso participativos, de los que carecen generalmente, y, en fin, incluso en ocasiones, la publicación de los planes en el correspondiente Diario Oficial no reúne los requisitos necesarios para la entrada en vigor de los mismos, tratándose de elementos normativos que imponen medidas restrictivas y que, en aras de la seguridad jurídica, han de ser conocidos por los afectados”, sostiene.
Resarcir a los afectados
Pilar Martínez Abogados defiende que, en ningún caso y tampoco en el de Valdecañas, se puede hacer recaer sobre los particulares “que han actuado conforme a los principios de buena fe y confianza legítima en los actos de la Administración medidas tan sumamente gravosas, como son la demolición y obligación de reponer al estado originario, cuando tal rigor nunca ha existido en la elaboración de la propia norma limitadora, en la que ahora se pretende sustentar el derribo y que, probablemente, haya nacido viciada, hasta tal punto, que resulte inviable su aplicación o inoperante la propia norma”.
Lastre para el desarrollo de la España despoblada.
Pilar Martínez Abogados defiende un enfoque equilibrado entre la conservación del medio ambiente y el derecho al necesario desarrollo socioeconómico de los territorios, donde la despoblación es una realidad. “La excesiva e injustificada protección medioambiental supone un verdadero lastre para el desarrollo de ciertas zonas porque impone medidas muy limitadoras y restrictivas sobre bienes y derechos previamente consolidados, sin prever ningún tipo de indemnización, ni compensación e impidiendo el avance de aquellas poblaciones que vemos como se abandonan, para regocijo de los que piensan que conservar es aislar la naturaleza bajo una campana de cristal o, simplemente, impedir la presencia del hombre en la misma”, finaliza
