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El principio de ordinalidad enfrenta al PP con el PSOE y Podemos

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Los populares han presentado una propuesta de impulso para instar a la Junta de Extremadura a rechazar ese principio como eje del nuevo modelo de financiación autonómico y a defender la solidaridad interterritorial.

En una rueda de prensa, la portavoz del Grupo Popular, Cristina Teniente, ha explicado que el «principio de ordinalidad», que favorece a las comunidades autónomas más ricas al establecer que nadie puede perder posición en el ránking de la financiación, supondría unos 420 millones menos anuales para Extremadura, según un estudio promovido por el BBVA.

Teniente ha criticado que PSOE y Podemos, dos fuerzas que se dicen de izquierda, estén a favor de aplicarlo, incluirlo a elevarlo a rango constitucional, en el caso de los socialistas, y no vean el «expolio» que supondrá para la región.

La Ponencia Política del PSOE para el 39º Congreso Federal no habla expresamente de «principio de ordinalidad».

En concreto, recoge que «ha de cuidarse que los mecanismos de equilibrio territorial impulsen la convergencia de renta y riqueza entre comunidades, sin colocar en peor condición relativa a quien contribuye, atendiendo a la precisión del Tribunal Constitucional, y haciendo realidad el equilibrio económico adecuado y justo al que se refiere el artículo 138.1 de la Constitución».

El portavoz socialista, Valentín García; y la presidenta del Grupo Podemos, Irene de Miguel, han coincidido en que el PP intenta tapar con este asunto la realidad de unos Presupuestos Generales del Estado que castigan a Extremadura.

García ha señalado que el asunto está recogido en la ponencia «no como dice el Partido Popular y sí como hemos defendido nosotros siempre».

«Solidaridad, como dice la Constitucional y como dice el Tribunal Constitucional, lo demás tinta del calamar», ha agregado el diputado socialista, que ha invitado a los populares extremeños a aprender «ordinalidad» del PP de Cataluña.

La ponencia establece que los elementos esenciales del sistema de financiación a incluir en la Constitución deben tener como objetivo el «garantizar la estabilidad, la solidaridad entre los españoles y una distribución equitativa y transparente de los recursos que garantice un nivel razonablemente comparable de los servicios públicos», según el documento.

Las ponencias son «literatura», según ha ironizado García, que ha emplazado a hablar de ello cuando acabe el congreso y se discutan las enmiendas.

Para De Miguel «la ordinalidad parece el peor mal que tenemos, pero sin ordinalidad Extremadura está como está».

En la sesión plenaria, los socialistas instarán además al Gobierno de España a recoger en sus presupuestos un incremento mínimo del 200 % en la cuantía total de las inversiones ordinarias que vienen a Extremadura.

También reclaman al Ejecutivo de Rajoy al cumplimiento inmediato de las disposiciones adicionales primera y segunda del Estatuto de Autonomía de Extremadura, referidas a la deuda histórica y a las inversiones adicionales.

García ha apuntado que a Extremadura le deben por este segundo concepto 1.080 millones de euros por el impago durante seis ejercicios.

Podemos preguntará al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, si tras analizar los presupuestos estatales «le ha compensado a Extremadura su apoyo a Rajoy en la investidura».

La aplicación del silencio positivo en la Administración regional, la reducción de perceptores de la renta básica, la política educativa y la comparecencia del consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, para hablar del perjuicio que pueden causar a Extremadura la próxima subasta de energías renovables son otros asuntos de la sesión.


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