Se inicia el proceso para modificar la Ley regional de las Cámaras de comercio

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La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha explicado que esta modificación debería haberse realizado antes del 31 de enero de 2015, según establecía la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, pero el Ejecutivo anterior, ha añadido, “incumplió este mandato”.

La finalidad de esta reforma, que ha sido consensuada con las cámaras provinciales de Cáceres y de Badajoz, es adaptar la legislación autonómica a la estatal, y ello permitirá, asimismo, que se puedan celebrar también las elecciones de ámbito nacional, ya que es preceptivo que las comunidades autónomas lo hagan previamente.

“Creemos -ha destacado Gil Rosiña, que hacemos lo correcto, ya que son 64.500 las empresas que hay en la región y que se ven afectadas por una norma como ésta” que hay en Extremadura”.

Con este texto, ha añadido la portavoz del Ejecutivo, se pretende reforzar el carácter representativo de toda la actividad económica regional y no solo de un sector determinado, ya que se establece el principio de adscripción obligatoria de todas a las empresas a las cámaras provinciales, sin que ello suponga una obligación económica.

“La norma estatal elimina esa obligatoriedad –ha señalado- pero nosotros mantenemos la obligatoriedad de adscripción que no conlleva ninguna obligación económica por parte de las empresas”.

Además, se adapta el régimen electoral a la ley nacional y se establece un nuevo modelo de financiación de las Cámaras, que cuenta con dos pilares: la prestación de servicios a las empresas y trabajadores y las aportaciones voluntarias.

Por lo que respecta al régimen electoral, se establece una nueva composición del pleno estas entidades, que, con la nueva ley, estará formado por 30 miembros, de los cuales 20 serán electivos, 6 representarán a empresas y personas de reconocido prestigio y 4 representarán a las empresas de mayor aportación voluntaria.

Asimismo, las cámaras mantendrán su naturaleza de corporaciones de derecho público para que sigan desempeñando las funciones público-administrativas que venían desempeñando hasta ahora.

 


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