La delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, ha defendido que esta resolución ha seguido un procedimiento «puramente técnico para ajustarse a toda la normativa legal», en el que se ha velado «por todos los condicionamientos y medidas medioambientales previstas en la legislación vigente».
Debido a ello, ha explicado que se ha tratado de un «procedimiento muy extenso», incluida la resolución final, donde han participado numerosas administraciones y organismos competentes, algunos de los cuales han enviado esta misma esta semana los últimos informes solicitados, señala.
La delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera ha indicado que ahora es la empresa propietaria, Sacyr Valoriza, la que debe decidir si continuar o no con la explotación de Aguablanca.
En caso de que la empresa opte porque la actividad continúe en la mina, se realizarían otros trámites más «sencillos» por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
«La declaración es un procedimiento más para seguir la marcha de la mina», ha agregado a los medios de comunicación Cristina Herrera.
La resolución positiva de la DIA, solicitada hace dos años al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), será publicada en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
«Es un proceso técnico en el que no han intervenido para nada los políticos, solo para el seguimiento», ha añadido, por lo que aún no tiene conocimiento de los informes ni ha podido estudiarlos.
Herrera ha lamentado que no se haya podido tener antes la declaración y espera que a partir de ahora la mina vuelva a funcionar.
El Consejero Navarro considera que la DIA puede suponer la continuidad de la mina
Navarro ha señalado que la DIA puede “suponer la continuidad de la mina” pero al tratarse de documentos que “suelen ser extensos y técnicamente muy complejos”, es necesario acceder a toda la documentación y después “analizar detenidamente las condiciones y ver cómo puede afectar a la viabilidad del proyecto,” ha manifestado.
Al mismo tiempo, el consejero Navarro sigue considerando inaceptable el retraso de dos años con que se produce esta resolución.
“Ya era hora. Estamos satisfechos pero seguimos considerando inaceptables las razones que nos han dado durante todo este tiempo para justificar el enorme retraso. Hay algo que no ha funcionado bien, por muchas explicaciones técnicas que hayan querido dar. No se puede demorar dos años una DIA porque es poner barreras a la inversión y frenar el desarrollo de una región”, ha afirmado categóricamente el consejero.
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la mina fue solicitada en agosto de 2015, con el fin de continuar los trabajos de extracción en galerías subterráneas.
