El Gobierno ha decidido suspender todos los vuelos directos desde Italia, principal foco del COVID 19 en Europa, dentro del paquete de medidas que se han aprobado este martes para hacer frente a la expansión de la epidemia de coronavirus.
Otras medidas han sido la supresión de los viajes del Imserso y la que afecta a los aislamientos preventivos para que tengan la consideración de bajas laborales. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros han comparecido la portavoz, María Jesús Montero, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Ambos han querido transmitir una serie de ideas básicas: la situación en España no es como la de Italia y no se prevé ir al mismo escenario; no consta que haya riesgo de desabastecimiento; las decisiones que se tomen serán consensuadas y acordes a criterios técnicos, nunca políticos ni partidistas, y se persigue que las medidas sean eficaces, no publicitarias.
En las actuaciones del Ejecutivo, que se han precipitado con motivo del agravamiento de la epidemia en España y de la ruptura de la tregua por los partidos que ya han sumergido esta crisis en el barro político, hay una laguna que la portavoz no ha sido capaz de rellenar: en qué situación quedan los padres que no tengan con quién dejar a sus hijos cuando este miércoles cierren los colegios. La cuestión es que las medidas de calado, las económicas y laborales, no se tomarán hasta el próximo jueves, cuando el presidente tiene previsto reunirse con los agentes sociales para consensuarlas antes de que las apruebe un Consejo de Ministros extraordinario.
En cualquier caso, la ministra ha explicado que habrá dos tipos de medidas económicas, una batería de ayudas urgentes para las familias, dirigidas a los progenitores que necesiten quedarse en casa al cuidado de sus hijos durante los días del cierre de los centros escolares, y otras medidas vinculadas a las empresas. No obstante, ha señalado que todas serán “proporcionales” a cada momento y “temporales” según se prolongue la enfermedad y que podría haber ayudas diferentes según evolucione el coronavirus y afecte a un sector u otro. Sin detallar las ayudas a las familias, ha resaltado que las medidas vinculadas a las empresas tratarán de evitar que aprovechando un elevado absentismo se produzcan despidos o expedientes de regulación de empleo.
De momento, se ha aprobado el real decreto ley para que las personas en aislamiento preventivo por razón de contagio del Covid-19 se consideren en situación de incapacidad temporal asimilada a una baja laboral por accidente de trabajo, así como la moratoria de la cotizaciones a la Seguridad Social para tres mensualidades consecutivas para empresas y autónomos. Illa ha explicado que con la norma se considera tanto a las personas en aislamiento preventivo como a quienes se han contagiado del virus en situación de incapacidad temporal asimilada a baja laboral por accidente de trabajo. Esto supone una mejora de la prestación tanto para las personas aisladas como infectadas por el coronavirus, ya que pasan a percibir desde el día siguiente al de la baja laboral, el 75% de la base reguladora, con cargo a la Administración.
Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado la moratoria de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a tres mensualidades consecutivas, para empresas y trabajadores por cuenta propia, en las zonas geográficas y sectores que se determinen según orden ministerial. Es decir, dichas cotizaciones podrán ser abonadas, en el plazo de 1 año, a contar desde su devengo, sin recargos ni intereses de ningún tipo.
“La unidad, la transparencia y la coordinación son elementos claves y todos los poderes públicos deben trabajar de la mano”, ha dicho Montero al tiempo que ha recordado que el Gobierno lleva semanas monitorizando la situación, tanto desde el punto de vista sanitario como del económico “elemento que ya tiene algún efecto”. Ha señalado que se está analizando de forma continua los indicadores económicos y los sectores que pueden verse más afectados ya ha situado en ese contexto la reunión de Pedro Sánchez con los principales líderes de la CEOE, CEPYME, CCOO y UGT prevista para el jueves.
En torno al sector del turismo, que previsiblemente será el más perjudicado por la crisis del coronavirus, Montero ha dicho que también se analizarán ayudas frente a eventos festivos de primavera que se aproximan en muchos territorios de España. “Todas las medidas económicas estarán supervisadas por el Ministerio de Sanidad”, ha dicho y ha recordado que el Gobierno asignará los recursos económicos que sean necesarios porque es una prioridad combatir esta enfermedad.
A los ministros se les ha preguntado, en concreto, por celebraciones multitudinarias como las Fallas, la Semana Santa y la Feria de Sevilla que de momento se mantienen y cuya suspensión acarrearía seguramente el reproche social. “En lo que decidamos no va a influir en nada el eventual coste político”, ha asegurado Montero, que ha subrayado que “las decisiones van a ser compartidas y coordinadas con las comunidades autónomas”. Ha añadido que “el Gobierno va a hacer lo que el presidente ejemplarizó el lunes haciendo la ronda de contactos -con líderes europeos y comunitarios y con líderes y portavoces de los distintos partidos nacionales- invitando a que cualquier sugerencia o aportación nos los hicieran llegar”.
En este punto, la portavoz ha aprovechado para reprochar de forma velada las críticas que ya han empezado a lanzar algunas formaciones, empezando por el PP: “Temas tan serios como este no se pueden utilizar con intereses partidistas ni con una lógica que no sea solo y exclusivamente la protección de la salud de nuestros compatriotas. Los ciudadanos no entenderían nunca que los partidos quisieran utilizar una situación como esta para obtener un rédito electoral o favorecer sus intereses partidistas”.
Por lo que se refiere a la suspensión de los vuelos directos con Italia, el Gobierno ha adoptado su decisión en base al artículo 21 del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad. Dicho artículo establece que “un Estado miembro podrá rehusar, limitar o imponer condiciones al ejercicio de derechos de tráfico para enfrentarse con problemas repentinos de corta duración, derivados de circunstancias imprevisibles e inevitables. Dichas medidas se ajustarán a los principios de proporcionalidad y transparencia y estarán basadas en criterios objetivos y no discriminatorios”. El Gobierno considera “justificado” restringir durante el período prescrito los vuelos directos actuales y, en su caso, los que se realicen en el futuro desde la República de Italia al Reino de España. Se contemplan, eso sí, excepciones para “aeronaves de Estado, escalas con fines no comerciales (por tanto sin subida ni bajada de pasajeros), vuelos posicionales (por tanto sin pasajeros y solo para posicionar el avión para una operación posterior), exclusivos de carga, humanitarios, médicos o de emergencia”.
