Extremadura- Tras las recientes declaraciones del Grupo Parlamentario Vox, que ha puesto como condición para su apoyo a los presupuestos regionales de 2025 la inclusión de una partida específica para el proyecto de regadío en Tierra de Barros. tal demanda ha generado un choque con el PP, cuyo portavoz, José Ángel Sánchez Juliá, ha rechazado cualquier tipo de “imposiciones o ultimátum”.
El director general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia, José María Sánchez Cordero, ha manifestado con firmeza que el proyecto se llevará a cabo “pese a quien le pese”, incluso si esto significa proceder sin la ayuda inmediata de la Comisión Europea o del Gobierno de España, o recurriendo al endeudamiento.
Por su parte, la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha hecho un llamado al compromiso y la justicia social, confiando en que el regadío pueda comenzar tras la revisión técnica y las expropiaciones necesarias. Sin embargo, ha enfatizado que la financiación del proyecto debe ser compartida con el Gobierno central, que previamente había declarado la iniciativa como prioritaria.
La situación se complica con la intervención del PSOE, cuya vicesecretaria general, Eva María Pérez, ha interpretado la reciente reasignación de fondos como el “punto y final” al proyecto agrario más significativo de la región. Según el PSOE, ya se han desviado 153 millones de euros de los 207 millones comprometidos por la Unión Europea.
Las organizaciones agrarias UPA-UCE y Apag Extremadura Asaja también han expresado su descontento, criticando la decisión de la Junta de Extremadura de destinar los fondos a otros fines y exigiendo que los 104 millones de euros reasignados beneficien directamente a los agricultores y ganaderos de la región.
La financiación propuesta por el PP, que sugiere una inversión anual de 35 millones de euros obtenidos de la reducción del “gasto inútil y despilfarro”, o alternativamente, un crédito de 300 millones de euros a 30 años con un interés del 3%, aún está por definirse en el marco de las negociaciones presupuestarias.
La tensión entre los partidos políticos y las organizaciones agrarias pone de manifiesto la complejidad y la urgencia de encontrar una solución viable para el regadío de Tierra de Barros, un proyecto vital para el futuro agrícola de Extremadura.
