La existencia de una multiplicidad de idiomas en España: catalán, euskera, galego, valenciano o mallorquín y otros de menor difusión como el bable, el aranés o el castúo y “a fala” extremeños, además del oficial de nuestro país que es el castellano, al que denominaré idioma español por ser el de todos los españoles, constituye una riqueza cultural para España que tal y como manda la Constitución ha de protegerse y fomentarse.
Hasta ahí creo que todos los españoles deberíamos estar de acuerdo. La existencia de más de un idioma y la posibilidad de dominar algún otro de estos idiomas, además del español, es algo enriquecedor para el ciudadano y bueno para España.
Nuestra Carta Magna, a varios de ellos les concede la cooficialidad en sus territorios. En ellos muchos habitantes de algunas de las comunidades autónomas son bilingües al utilizar indistintamente uno u otro idioma.
Lo que parece absurdo y roza la ridiculez además de ser innecesario, es que, en el Congreso, en donde todos los diputados hablan y entienden el idioma español, se autorice el uso de los idiomas cooficiales, lo que lleva consigo un complejo sistema de traducción simultánea con el encarecimiento que esto supone para unas arcas públicas, ya maltrechas por la elevadísima deuda que España soporta: más de 1,558 billones de euros. No lo traduzco a pesetas porque no hay ceros bastantes.
En el colmo de la estulticia que adorna a estos padres de la patria que propugnan la Babel, no hay traducción directa entre los tres idiomas cooficiales. Tienen que traducir al español primero y de ahí al idioma de que se trate. Como puede verse son unas lumbreras.
Y la segunda parte de este vodevil absurdo, serán las matizaciones y rectificaciones que hayan de surgir sobre el contenido final de las traducciones de uno a otro idioma. Que esa es otra.
Lo más triste del caso es que el uso de estos idiomas cooficiales no se hace con el fin de fomentarlos o protegerlos, porque esto ya se hace en los territorios respectivos, sino como agresión al español por parte de partidos independentistas que quieren dividir España en trozos y debilitar este idioma que es el nexo de unión más importante entre todos los españoles.
Pero lo que es aún peor, el PSOE que el año pasado votaba en contra de proposiciones para modificar el Reglamento de la Cámara con el fin de utilizar los idiomas cooficiales en el Congreso, ahora ante la necesidad de votos de los partidos separatistas para conseguir la investidura de Sánchez, consiente, votando a favor, un esperpento ridículo, en el que una cuestión tan simple como es el entendimiento de todos los diputados en español, como se ha hecho siempre, se convierte en un guirigay absurdo, en una Babel innecesaria y costosa. Un auténtico despropósito.
Si la intención fuera el proteger el acervo de idiomas existente en España, no ocurriría la persecución que del idioma español se lleva a cabo en algunos territorios, especialmente en Cataluña y Euskadi.
Supongo que a partir de ahora y en justa reciprocidad, el español podrá hablarse en los parlamentos autonómicos con sus pinganillos y traducción simultánea. De igual modo se dejará absoluta libertad para que el español pueda usarse en el País Vasco y especialmente en Cataluña en donde existe una persecución al idioma español, impidiéndole que sea lengua vehicular en la que, el que lo desee, pueda llevar a cabo su educación.
Yo creo, que por Europa y también en todas las naciones de habla española, se deben estar haciendo cruces de los despropósitos lingüísticos que se están produciendo en España y no deben de salir de su asombro. Pensarán que es inconcebible que los propios españoles ataquen su idioma nacional, que además es hablado por casi 600 millones de personas en todo el mundo. Cuando debieran protegerlo, fomentarlo, defenderlo y extenderlo aún más.
La última ocurrencia para satisfacer los deseos de los separatistas catalanes y obtener su voto en la investidura, ha sido tratar de que el catalán, el euskera y el galego sean considerados lenguas oficiales en la UE.
Con mucha diplomacia y a pesar de los esfuerzos desesperados del ministro Albares, que hasta ofrecía pagar el coste del “guateque” (como somos ricos, eso sí endeudados hasta las cejas, podemos permitirnos estos lujos), las autoridades europeas han optado por meter el asunto en un cajón sin considerar la petición española dando una patada a seguir y sin tomar decisión favorable alguna. Es normal, dada la insignificancia de estos idiomas en el contexto europeo y la gran cantidad de idiomas oficiales que tiene la UE y a los que hay que traducir toda la documentación que se genera en las instituciones europeas y que tiene un coste excesivo. Se habla de 1.000 millones de euros al año.
Como se ve este frente Frankestein (similar al desgraciado Frente Popular de antaño) que se califica a sí mismo como “progresista”, lo que pretende es debilitar el idioma español al mezclarlo en la actividad parlamentaria con otros idiomas, que según la Constitución son cooficiales en sus territorios, pero no a nivel nacional. En la cámara territorial que es el Senado, ya se utilizan.
Pero para poder continuar en el machito del poder, hay que pagar estos nuevos peajes. Y otros peores que ya iremos viendo.
