Así, en su sentencia de 10 de diciembre de 2018, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado la Orden impugnada. Aunque el fallo judicial anula la Orden del periodo 2014-2015, el efecto trasciende a todas las futuras órdenes, tanto de Madrid como del resto de Comunidades Autónomas. La sentencia es firme y no recurrible.
El Tribunal Supremo anula la Orden de Vedas por dos motivos, la inadecuada gestión de los métodos de trampeo y la inexistencia de informes previos sobre el estado de las poblaciones cinegéticas.
En relación a métodos de trampeo (lazos y cajas trampa) para especies como grajilla, urraca, corneja y zorro, la orden anulada los autorizaba sin establecer periodos hábiles. Ello supone que se pueden autorizar y usar estos métodos de captura todo el año, incluidos los períodos de veda y de reproducción de las especies, vulnerando la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
En cuanto a la ausencia de informes previos, la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, al igual que la gran mayoría de las Comunidades Autónomas, llevan años autorizando sistemáticamente la caza de especies, independientemente de su estado de conservación. Todo ello, a pesar de que la Ley estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad, aprobada en 2007, establece que las órdenes de vedas deben velar para que la práctica cinegética no se realice sobre especies que se encuentren en un estado de conservación desfavorable o desconocido y que no se desarrolle durante la época de reproducción y cría de las especies declaradas piezas de caza.
Los datos aportados por Ecologistas en Acción en el procedimiento judicial han demostrado que estos fines no se habían alcanzado con la debida seguridad en la orden anulada. De las quince especies de aves a que se refiere, seis de ellas, perdiz roja, paloma bravía, grajilla, codorniz común, urraca y zorzal charlo presentan una tendencia negativa o no se tiene información suficiente sobre ellas como para establecer una precaución en la explotación sostenible de sus individuos que permita la viabilidad de la población misma. La tórtola roja tiene un declive poblacional de un 30%, que la incluye en la categoría de vulnerable.
La Sala da por probada dicha realidad y resta credibilidad al informe de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid por haberse aportado después de aprobarse la Orden –era preceptivo hacerlo antes–, porque no es capaz de rebatir los datos sobre el mal estado de las poblaciones y, finalmente, porque para especies de caza mayor (ciervo, gamo jabalí, muflón y cabra montés) aporta cifras de poblaciones basadas en los accidentes de tráfico que facilitan las aseguradoras de automóviles, insuficientes a los efectos de lo que se pretende demostrar, según recoge la sentencia.
Por ello, la Sala concluye anulando la Orden recurrida “por falta de los informes técnicos previos necesarios de carácter biológico que, en una materia tan sensible para el medio ambiente como es la preservación de las especies cinegéticas y su utilización racional resulta preceptivo”.
Ecologistas en Acción valora muy positivamente la sentencia por dos motivos: en primer lugar porque deja en evidencia la nefasta gestión cinegética que se realiza en la Comunidad de Madrid desde hace años. Segundo, por el efecto que esta sentencia tiene sobre las futuras órdenes de veda de las diferentes Comunidades Autónomas. A partir de ahora, los informes previos son preceptivos y no podrá autorizarse la caza de ninguna especie que esté en declive o de la que se desconozca su estado de conservación.
