Vergeles ha realizado estas declaraciones en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y del Sistema de la Autonomía y la Atención a la Dependencia, celebrado esta mañana en la sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, bajo la presidencia de la ministra Dolors Montserrat.
Vergeles ha indicado que el consejo interterritorial “no ha tenido otro remedio” que establecer un modelo mixto, con un tramo estatal y otro autonómico, para los fondos provenientes de la casilla del 0,7 del IRPF para fines sociales, tras la sentencia de enero del Tribunal Constitucional.
Según ha matizado el consejero extremeño de Sanidad y Políticas Sociales, el porcentaje de los tramos se decidirá en una comisión delegada.
Ese ha sido el punto del orden del día que ha marcado el primer encuentro de la ministra con todos los consejeros de las comunidades autónomas competentes en políticas sociales.
Según el acuerdo alcanzado y en cuya redacción ha participado el consejero extremeño, será una comisión delegada que se convocará de manera urgente, la que concretará este modelo mixto para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que obliga al ministerio a revisar las bases reguladoras y la nueva convocatoria para 2017.
El reparto de esos fondos, que en 2016 supusieron unos 260 millones de euros, ha contado con una sentencia del Constitucional en la que exige una regulación adecuada de esos fondos en relación a las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. El Constitucional niega que el Estado tenga toda la competencia para gestionar estas cantidades y debe hacerlo con las Comunidades Autónomas en base a las competencias que éstas tienen.
Vergeles considera necesario un reparto de fondos que permita a las comunidades hacer una convocatoria en regla para dar solución a la vida de las personas. Para el consejero, éste ha sido un consejo convocado con “mucho retraso”, teniendo en cuenta que para la distribución de los fondos del IRPF destinado a fines sociales se requerirá una tramitación. “Lamentamos que no se haya convocado cuando se inició la legislatura”, opina el consejero extremeño, aunque reconoce que “éste por lo menos se ha convocado, porque el interterritorial de Sanidad no se ha convocado siquiera”.
Antes de comenzar el consejo interterritorial, Vergeles ha manifestado a los medios de comunicación que “esperamos una respuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que aborde la solidaridad de las Comunidades Autónomas y sepa dar cabida a la solución de los problemas de la vida de la gente”.
El consejero ha recordado que son 7,5 millones de personas las que pueden estar afectadas por este tipo de subvenciones, con cientos de miles de empleos sujetos a ellas y miles de proyectos que pueden estar acogidos a este tipo de ayudas. Ha añadido que entraba en la reunión sin “ninguna propuesta concreta” del ministerio y le ha reprochado que haya negociado con la Plataforma del Tercer Sector “a espaldas y sin tener en cuenta la opinión de las Comunidades Autónomas”.
Además, ha pedido una “verdadera evaluación” de lo que han supuesto estos más de diez años que lleva la Ley de la Dependencia. Ahora que está en marcha la Conferencia de Presidentes, Vergeles cree oportuno realizar esta evaluación que ayude a gestionar adecuadamente una ley “que está medio derogada por el Real Decreto 20/2012”.
