AEEFOR plantea un gran Pacto por los Montes Públicos, la Biomasa y el Empleo

El presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y de Medioambiente (AEEFOR), Francisco Castañares, ha planteado este lunes un gran Pacto por los Montes Públicos, la Biomasa y el Empleo.

Un pacto que deben negociar la Junta de Extremadura, los grupos parlamentarios, la FEMPEX, Diputaciones y los agentes sociales y económicos, y “que en un plazo no superior a 6 años, asiente los cimientos del nuevo modelo forestal”.

Castañares ha intervenido en la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Asamblea de Extremadura, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, a los efectos de informar sobre la situación del sector forestal en Extremadura.

Así, y esbozando los datos del sector, ha señalado a los montes extremeños como “uno de los principales activos de la región”, valorados en 15.000 millones de euros por la administración central y con una capacidad productiva sostenible que puede alcanzar “los 3 millones de toneladas anuales, entre madera y biomasa”.

“Un rendimiento –ha concretado- que se situaría en torno a los 145 millones de euros anuales si introducimos en el mercado su capacidad de producción”.

“Sin embargo -ha dicho- a pesar de que el valor de los montes es similar al PIB regional y tienen un importante potencial de rendimiento económico, no se explotan adecuadamente, se mantienen prácticamente improductivos y apenas generan retornos significativos para la economía regional”.

Situación que, para AEEFOR, responde a la “falta de planificación de la política forestal y a un modelo de gestión, aún por definir, que ha sido incapaz de poner en valor nuestros montes, pese a las importantes inversiones que se han venido realizando desde las administraciones públicas”.

CAMBIAR EL MODELO

AEEFOR aboga sustituir este modelo, a su juicio, “improductivo” por una ordenación y planificación de los bosques, determinando “cualitativa y cuantitativamente los trabajos a realizar y los aprovechamientos sostenibles que pueden y deben realizarse”.

Para aprovechar de manera sostenible los recursos propone adjudicar a las empresas del sector, los trabajos de selvicultura y conservación del monte, introduciendo como novedad el pago en especie, por parte de la Administración, de los servicios e inversiones que realicen las empresas que resulten adjudicatarias de esta nueva forma de gestión, es decir, compensándolas con la comercialización libre de la madera y biomasa que obtengan de las labores realizadas. 

“Con esta nueva fórmula -asegura- la administración no gastará un euro, se realizarán las inversiones que el monte necesita y se aprovecharán todos sus recursos naturales, poniéndolos en el mercado y obteniendo un valor añadido que ahora no ofrecen”.

AEEFOR sostiene que hay mercado para los residuos forestales, propiciado por las necesidades de abastecimiento de las Plantas de Miajadas y Mérida, ambas orientadas a la producción de energía eléctrica y otras iniciativas, como los secaderos de tabaco en La Vera y los Valles del Alagón y Tiétar, que usan biomasa térmica.

En total, la demanda actual de biomasa forestal asciende a unas 300.000 toneladas de residuos anuales.

En este sentido, propone que, al igual que se ha hecho con la sustitución de las calderas de los secaderos por calderas con tecnología renovable de biomasa térmica, impulsadas por la Junta, la Administración promueva un “Plan Renove” que financie la sustitución de calderas antiguas de combustible fósil por calderas de biomasa en colegios públicos, hospitales, centros de salud, geriátricos, edificios públicos y polígonos industriales.

“Una medida que junto, a los incentivos a particulares para la sustitución de sus calderas de calefacción, representaría un gran paso para asentar de manera definitiva el mercado de la biomasa térmica en la región”.

En términos de empleo, la explotación de la biomasa desarrollada en su nivel óptimo, crearía y mantendría 6.000 empleos directos y de calidad, en las zonas más desfavorecidas, a los que se sumarían otros 9.000 indirectos, según los cálculos realizados por la asociación, “lo que nos situaría como un sector importante para la economía y el empleo de la región”, destaca Castañares.

La Asociación pide a la administración regional la puesta en marcha de una experiencia piloto con las empresas del sector que representa para desarrollar y demostrar la viabilidad de sus propuestas en uno de los Montes Públicos de la región, mediante la firma de un convenio entre AEEFOR y la Junta de Extremadura.

CONTRATACION OBRAS FORESTALES

En cuanto a la modalidad tradicional de contratación de obras y servicios forestales, basada en el pago del precio que establece el mercado, mediante las ofertas económicas y las soluciones técnicas que plantean las empresas a petición de la propia administración, AEEFOR plantea cambios en el sistema.

Los cambios serían “una reducción del peso de la oferta económica en la valoración final para realizar las adjudicaciones de las obras forestales” y “el incremento del peso de las estructuras que las empresas mantienen, como maquinaria y trabajadores con contrato indefinido, para primar a los empresarios de verdad frente a los especuladores”, así como “la protección del tejido empresarial del medio rural favoreciendo a las empresas más próximas al territorio en que se realizan las inversiones públicas y la consolidación de la calidad del empleo generado mediante la suscripción de convenios colectivos y planes de seguridad y prevención de riesgos laborales, de formación y especialización, para proteger los intereses de los trabajadores”.

ELIMINACION DE TRAGSA

Del mismo modo, AEEFOR se ha referido al “daño” que la empresa pública TRAGSA “está haciendo a las empresas privadas del sector”, con una adjudicación, por parte de la administración, de 180 millones de euros en los últimos tres años.

Cuando en Extremadura, ha indicado,“ hay empresas suficientes y con capacidad para acometer la totalidad de las obras adjudicadas a TRAGSA y sus filiales, con un precio que implicaría un ahorro de casi 60 millones de euros”.

Por ello, demanda a la administración autonómica y a los grupos parlamentarios, que eliminen de la Ley de Presupuestos de la Comunidad a TRAGSA como medio propio de la Junta de Extremadura y acaben con las encomiendas de gestión de servicios forestales y medioambientales.

La Asociación, ha indicado su presidente, no se opone a que opere una empresa pública en el sector para casos de emergencia. “Si la administración la necesita para determinados supuestos extraordinarios, que lo diga y lo hablaremos. Por nuestra parte no habrá obstáculos para alcanzar acuerdos también en este sentido, siempre que sea una empresa pública extremeña y queden a salvo los intereses generales de la región y se tengan en cuenta los intereses del sector privado”, ha concluido.