LA LEY Y LA TRAMPA

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 “Quien hace la ley, hace la
trampa”, es un dicho que significa que, al elaborar la ley, el legislador
ha dejado un resquicio, una reserva que, siendo conocida solo por él, le
permite sortearla, evitarla, solo en su propio beneficio. Por extensión, es
usada en situaciones similares, en las que el que detentador del poder, recurriendo
al refranero, “tiene la sartén por el mango”; o, también, “hecha
la ley, hecha la trampa”, en el sentido de que uno siempre puede buscar la
manera de salirse con la suya, no necesariamente solo el que tiene el poder. Se
suele decir –solo un decir– que, por fortuna, esto no ocurre en los llamados
países democráticos. Hasta algún grupo musical, como “Los Milicianos”
(1998),  puso letra y tono a este dicho
de actualidad, extrapolable a situaciones sociales fuera del ámbito
estrictamente legal: “Los que hacen la ley/ también hacen la trampa/Pueden
pernoctar/y estar como en su casa./Nos van a pisar/lo que estaban sembrando./Se
les ve venir/con distintos collares./La ciudad es como un cuartel/con dianas y
retretas./La ciudad es como un pabellón/con dosis para olvidar./Estamos
cerrando/estamos fichando/con doble moral…”

 

            En otras
ocasiones se produce un llamado “vacío legal”, que imposibilita la
aplicación de la ley a todos por igual. ¿Tienen derecho los jueces a ir a la
huelga? Las alarmas saltaron el 18 de febrero de 2009, fecha en la que se
realizó la primera huelga de jueces en la democracia. El pleno del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ) dictó un oficio por el que decretaba que no
podía fijar servicios mínimos ni anunciar la convocatoria, al no existir
“soporte normativo” sobre el “hipotético derecho de huelga de
jueces y magistrados”. Así que, como el CGPJ no podía establecer los servicios
mínimos, fueron los propios huelguistas quienes los fijaron, tramitando solo
causas urgentes. El ministro de Justicia, Mariano Bermejo, anunció, entonces, la
redacción de una ley para establecer el modo en que los jueces podrían
reivindicar sus derechos. En opinión del ministro, no podían ir a la huelga al
ser un poder del Estado. Cuatro años después, la anunciada ley no ha visto la
luz… Atrapados en el limbo legal que no les reconoce el derecho a la huelga,
pero tampoco se lo niega, los jueces y fiscales españoles fueron llamados a la
huelga el pasado 22 de febrero por las reformas legislativas del ministro
Gallardón. Jueces y fiscales son funcionarios del Estado, por lo que tendrían
derecho a la huelga en esa condición; sin embargo, encarnan a la vez un poder
del Estado, por lo que no lo tendrían. Ministerio y CGPJ coinciden en que hay
un vacío legal. Por eso, cada vez que los jueces han secundado una huelga (las
dos de 2009 contra el Gobierno socialista), o las distintas huelgas generales,
ha pasado lo mismo: ni reconocidas oficialmente, ni servicios mínimos, ni
descuento de sueldos en la nómina. Uno y otro se pasan la pelota porque, si
alguno de los dos reconociere si se quita el sueldo de las nóminas -Ministerio
o CGPJ- estaría reconociendo implícitamente el derecho de los jueces a la
huelga, y ninguno lo hace. El vacío legal que, muchas veces, como la falta de
medios de la Justicia, provoca la prescripción de delitos y la puesta en
libertad de ladrones y asesinos.

 

            Los
ciudadanos claman hoy indignados ante el rechazo por la Mesa del Congreso de
los Diputados de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), firmada por no menos de
medio millón de personas, como previene la Constitución, en la que solicitaban
la eliminación de las prebendas que tienen los políticos al perder su cargo, al
entender como una injusticia que, quienes nos instan a apretarnos el cinturón,
no sean solidarios con quienes les han elegido; y para que no tuvieran
privilegios y sean ciudadanos como todo el mundo…

 

            La
indignación continúa por las redes sociales, a pesar de que el acuerdo es de
hace casi un año (del 06-06-12), en el que se comunicaba a la Comisión Promotora
“que no procede la admisión a trámite de su iniciativa, en la medida en
que versa sobre materia cuya regulación el artículo 72 de la Constitución
reserva a las propias Cámaras, en contra de lo dispuesto en los artículos 87.3
de la Constitución y 2 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de
la iniciativa legislativa popular”.

 

            El
artículo 72 de la Constitución dice que “las Cámaras establecen sus
propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos…”, mientras
que el artículo 87.3 sostiene que “una ley orgánica regulará las formas de
ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de
proposiciones de ley. En todo caso, se exigirán no menos de 500.000 firmas
acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica,
tributaria o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de
gracia”. Finalmente, el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de
marzo, se refiere a las materias excluidas de la Iniciativa Legislativa
Popular, ya citadas, y las mencionadas en el artículo 131 de la Constitución,
que se refieren a la planificación de la actividad económica, y al artículo
134.1 de la Carta Magna, sobre la elaboración de los Presupuestos Generales del
Estado, que corresponde al Gobierno, y a su examen, enmienda y aprobación, que
corresponde a las Cortes Generales. Es decir, los ciudadanos no pueden cambiar
el sistema legal establecido: ni el régimen electoral (estableciendo las tan
demandadas listas abiertas), ni la sucesión al trono, ni las modalidades de
referéndum (que pretendieren ser vinculantes, como la soberanista catalana), ni
el funcionamiento del sistema judicial…

 

            La
desvergüenza nacional es no solamente de los legisladores, que parecen reírse del
pueblo, sino de sus electores que permiten estas “vergüenzas
nacionales”, que solo a ellos benefician y al resto lleva al ocaso. ¿Quién
conoce a un político que se retire hasta no tener la pensión y los beneficios máximos
que otorgare el ejercicio de la política? Hubiere un político en Extremadura
que, hace ya más cinco años, anunciare su retirada “para dar paso a los
jóvenes”… Ese político fue después consejero de la Junta; ahora es
diputado en el Congreso… Ese era el paso que quería dar a los jóvenes: seguir
él en la política y que los jóvenes tengan que abandonar su país por falta de
trabajo. Como aquellos que ni concejales hubieren sido y están en la Cámara
regional, o tan solo fueren auxiliares de clínica, y persisten e insisten, y
han vuelto de nuevo al Congreso, de rebote. De los dos partidos mayoritarios,
porque de todo hay en la viña del Señor… 


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