Durante décadas las comunidades autónomas han querido tenerlo todo en propiedad; por ello, han empleado años en replicar a su propia escala el mayor número posible de organismos estatales. Ese afán ha costado caro: mantener órganos duplicados implicó un desembolso cercano a los 28.000 millones de euros en 2011, cerca de un 3% del PIB. Gráfico: así es el entramado de instituciones que rodea a los Gobiernos regionales
Los datos los elaboró recientemente UPyD y constituyen una actualización de un primer cálculo, sobre las «ineficiencias del Estado de las autonomías», que llevó a cabo en 2011, sobre cifras de 2010, la mencionada formación política.
¿Y qué ha ocurrido después de 2011? No hay un cálculo cerrado, pero los datos de Hacienda no invitan al optimismo ya que, desde el inicio de la crisis (2008) hasta el año en que comenzaron los ajustes de las Administraciones (2012), el número de organismos satélite de toda índole de las autonomías creció un 30%. Las siguientes son las principales duplicidades que presentan hoy las regiones.
Parlamentos que acogen a 1.200 diputados
Sale caro que haya 17 Cortes autonómicas. En 2012, dichas Cámaras absorbieron más de 383 millones. Esos recursos en gran parte se destinaron a gasto de personal, pues sólo sumando los parlamentarios de Madrid, Cataluña y Andalucía ya se supera el total de diputados nacionales.
Cerca de 1.200 millones para las ‘teles’ propias
Están de capa caída y afrontando recortes cuantiosos en sus presupuestos (de hasta el 30% en algunos casos). Aun así, las televisiones autonómicas costaron 1.200 millones en el año 2012.
Aeropuertos cerrados que hay que mantener
En la mayoría de los casos no reciben ni un vuelo o están completamente cerrados. Son aeropuertos que supusieron inversiones ruinosas (sólo Castellón, Ciudad Real y Huesca se comieron 700 millones de euros). Su mantenimiento aún supone un goteo anual de dinero.
Una sobreprotección de la Competencia
Han proliferado los Tribunales de Defensa de la Competencia como otras pocas instituciones. El problema es que su rendimiento deja mucho que desear: en toda su historia no han resuelto más de 56 expedientes y, sin embargo, han costado 60 millones de euros en total.
Primas cercanas pero no baratas, de la AEPD
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha llegado a tener réplicas en Madrid, Cataluña y Andalucía. La primera de esas regiones muestra hasta qué punto pueden ser caras: su gestión de un fichero informático costaba 140 euros, frente a los 7 propios de la AEPD. El presidente Ignacio González decidió cerrarla recientemente.
Unos 60 millones sólo por ofrecer consejos
Sólo Cantabria se privó en su día de disponer de su propio Consejo Consultivo. Órganos estos que han resultado útiles para recolocar a expresidentes autonómicos, pero a un alto precio: mantener estos organismos, y a los defensores del pueblo autonómicos (cuya función también es puramente asesora), supone un desembolso de 60 millones de euros cada año.
Más de 100 ‘embajadas’ repartidas por el globo
No ha bastado con diferenciarse internamente; las autonomías han querido también exportar sus identidades propias. Hasta 2012, llegó a haber 114 embajadas autonómicas abiertas en el mundo. Y no ha sido gratis: 150 millones de euros de gastos al año.
Universidades a granel y de escasa calidad
El afán de cada autonomía por tener sus propias facultades ha llevado a que el número de universidades públicas en España llegue a 50. El problema estriba en que la calidad no ha acompañado a la cantidad, pues ninguna de ellas figura entre las 150 mejores del mundo, en las listas internacionales.
Observatorios de toda índole y de difícil control
Los hay sobre violencia de género, empleo, convivencia ciudadana, educación… Poco importa que, en muchos casos, ya funcionen organismos estatales que se ocupan de estas materias; cada región ha querido abordarla a su manera.
