El director general de Arquitectura y Vivienda, Manuel Lozano, ha confirmado que la Consejería de Fomento “no hará dejación de funciones y va a continuar actuando ante situaciones que estén fuera de la ley”, con respecto al parque de viviendas de promoción pública del Gobierno de Extremadura.
Lozano ha realizado estas declaraciones en Almendralejo, tras conocerse la ocupación ilegal de una de las 21 viviendas sociales que estaban disponibles para volver a ser asignadas a nuevas familias que se encuentran en un proceso de adjudicación de viviendas en la localidad, que se inició en el mes de septiembre.
Ante esta ocupación ilegal, y ante la propuesta de impulso que se aprobó en la Asamblea de Extremadura el pasado 25 de abril, instando al Gobierno a paralizar todos los desahucios del parque público de viviendas, el director general, Manuel Lozano, ha aclarado que “con la propuesta se pide al Gobierno que haga dejación de funciones, y puesto que la ley es igual para todos, nos obliga a velar para que las viviendas de promoción públicas estén correctamente utilizadas”.
Por ello, “y ante la posibilidad del efecto llamada que esto puede tener si un usuario sabe que ocupar una vivienda no tiene ninguna consecuencia”, el director general ha asegurado que el Gobierno de Extremadura “no va a permitir esta situación y de ninguna manera va a dejar de hacer lo que tiene que hacer”
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La Consejería de Fomento por tanto, “va a continuar con la regularización y normalización del parque de viviendas de promoción pública para garantizar que las viviendas estén en manos de quienes las necesitan”.
AGILIZAR EL PROCESO
El director general de Arquitectura y Vivienda, Manuel Lozano, se ha reunido junto al alcalde de Almendralejo, José García Lobato, con los vecinos del bloque afectado por la ocupación ilegal, a los que les ha trasladado que el proceso de adjudicación de las viviendas “va a agilizarse para que puedan entregarse lo antes posible”, y así también puedan evitarse nuevos casos de ocupación.
Actualmente hay 140 solicitudes que están a la espera de la adjudicación de una de las 21 viviendas que estaban disponibles, y que ahora se reducen a 20 tras la ocupación ilegal. Las viviendas que serán nuevamente adjudicadas han sido recuperadas previamente por la Administración, y siete de ellas a través de expedientes de desahucio.
La vivienda que ha sido ocupada ilegalmente ya fue recuperada por la Consejería tras uno de los expedientes de desahucio, y ha sido necesaria la inversión de 3.000 euros para poder entregarla de nuevo a familias que lo necesiten.
