El Grupo Socialista de la Diputación de Cáceres ha mantenido un encuentro con alcaldes y portavoces socialistas de la Mancomunidad de Trujillo, en la que se abordaron asuntos como las escombreras, la disolución del Consorcio Medio XXI, en Plan de Empleo presentado en la Diputación o la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local.
Los
socialistas mostraron su total rechazo a la negativa del Grupo Popular en la
Diputación de aprobar un Plan extraordinario de empleo para la provincia de
Cáceres con el remanente líquido de tesorería de 51 millones de euros.
Con
el rechazo a un Plan con el que podrían crearse 1.666 empleos en la provincia,
consideran los socialistas, “el presidente Laureano León solo demuestra su
ineptitud. Prueba evidente es el hecho de que sus propios compañeros del PP de
Plasencia, o Guadalupe hayan votado en
sus ayuntamientos a favor de la moción
del PSOE instando al equipo de gobierno del PP de la Diputación a que apruebe
dicho Plan.”
En
la reunión también se puso de manifiesto la preocupación por las “consecuencias
alarmantes”que tendría para los ayuntamientos la aplicación de la reforma de la
Ley de Bases del régimen local que quiere “imponer” el gobierno del PP.
Se
destacó el “profundo desconocimiento” por parte del gobierno de Rajoy, del
papel real que desempeña la estructura
municipal en la vertebración de Estado y el temor de que los servicios públicos
que actualmente prestan los ayuntamientos pasen a otras administraciones con el
único objetivo de ser privatizados.
“No
se pueden valorar solo los servicios públicos con criterios económicos, también
deben hacerse, con carácter prioritario, por el beneficio social que comportan
a la ciudadanía”, señalaron.
Esta
preocupación quedó más patente en los ayuntamientos con menos de 5.000
habitantes ante la amenaza del Gobierno de “intervenir y vaciarles de
competencias. Una amenaza que pone en peligro y hace más frágil nuestra
democracia”, señalaron.
En
este mismo sentido, en la reunión de Trujillo se crítico la falta de
contundencia tanto de la FEMP como de la FEMPEX, por no actuar con la presión
necesaria para que el gobierno retire el
Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la
administración local y de no tener en cuenta la opinión de muchos alcaldes y
alcaldesas y del resto de grupos políticos.
