Aprobado el decreto de Comunicación Audiovisual de Extremadura

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El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto de Comunicación audiovisual de Extremadura que regula el ejercicio de las competencias que corresponden a la Administración regional en relación con los servicios de comunicación audiovisual (radio y televisión) que se prestan en el ámbito de la comunidad autónoma.

En
el texto se definen los servicios de comunicación audiovisual radiofónicos,
televisivos y conexos e interactivos como “servicios de interés general que se
prestan en el ejercicio del derecho a la libre expresión de ideas, del derecho
a comunicar y recibir información, del derecho a la participación en la vida
política y social y del derecho a la libertad de empresa y dentro del fomento
de la igualdad, la pluralidad y los valores democráticos”.


Se
excluyen de la aplicación del decreto las redes y servicios de comunicaciones
electrónicas utilizados para el transporte y difusión de la señal de los
servicios de comunicación audiovisual, sus recursos asociados y los equipos
técnicos necesarios para la recepción de la comunicación audiovisual; y las
personas físicas o jurídicas que únicamente difundan o transporten la señal de
programas audiovisuales cuya responsabilidad editorial corresponde a terceros.


También
las comunicaciones audiovisuales sin carácter económico, a excepción de los
servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro, así como
los servicios que no constituyan medios de comunicación en masa, es decir, que
no estén destinados a una parte significativa del público y no tengan un claro
impacto sobre él, y en general cualesquiera actividades que no compitan por la
misma audiencia. 


Finalmente,
estarán excluidos los sitios web de titularidad privada y los que tengan por
objeto contenido audiovisual generado por usuarios privados, así como el ente
público Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, que se rige por su
normativa específica.


Con
la aprobación de este decreto la comunidad autónoma adapta su legislación
propia en la materia a la Ley estatal de Comunicación del año 2010.


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