Juan Antonio Roca, el presunto cerebro de la trama del caso Malaya, ha sido condenado a 11 años de prisión y al pago de una multa de 240 millones de euros por los delitos de cohecho, blanqueo, fraude y prevaricación.Su mujer, María Rosa Jimeno, acusada de blanqueo, ha sido absuelta, al igual que el empresario Tomás Olivo y el promotor malagueño Cristóbal Peñarroya.
Por su parte, la que ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe ha sido condenada a seis años de cárcel por cohecho, malversación y alteración de precios. Además, se le intervienen tres vehículos y un piso, mientras que Isabel García Marcos, condenada por cohecho y alteración de precios públicos deberá cumplir cuatro años, multa de 700.000 euros, y 18 meses de multa a 10 euros diarios.
Al promotor granadino José Avila Rojas, que ya se encuentra en prisión por otra causa judicial, ha sido sentenciado a tres años y ocho meses, y además tendrá que asumir una multa de 11,5 millones.
Pedro román, ex teniente de alcalde del GIL y procesado en Malaya por el pelotazo urbanístico de Crucero Banús, deberá cumplir cuatro años en prisión y afrontar el pago de 2 millones de multa.
Montserrat Corulla ha sido condenada también por blanqueo a cuatro años y 30 millones de multa.
Rafael Gómez ‘Sandokán’, deberá cumplir una pena de seis meses sustituible por multa de 12 meses a 10 euros diarios, más otra multa de 150.000 euros.
El presidente de Aifos, Jesús Ruiz, y los directivos de la promotora Jerano Briales y Francisco García Lebrón, han sido condenados a tres años y 2 millones de multa por cohecho y fraude.
El ganadero Fidel San Román, que confesó haber pagado tres millones a Roca por unas licencias de primera ocupación, ha sido condenado por cohecho a seis meses, también sustituible por multa de 12 meses a 10 euros diarios, más una multa de 750.000 euros y absuelto de blanqueo.
Los empresarios Andrés Liétor y Carlos Sánchez a seis años de prisión y 4,2 millones de multa. Ambos pertenecían al círculo de Roca.
El tribunal además ha ordenado este viernes el decomiso de 20 inmuebles de Roca en Murcia, Madrid y Málaga, así como los saldos bancarios tanto propios como de sus empresas, sus vehículos, el avión, la ganadería de resses bravas, los caballos y los cuadros. Así, ha acordado que todos los bienes intervenidos y las multas reviertan en Marbella porque «no es justo» que el pueblo esté endeudado con Hacienda y la Seguuridad Social mientras esos bienes revierten en otras localidades, «salvo mejor criterio de la superioridad».
Los procesados en el caso Malaya, entre ellos la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe, el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y Julián Muñoz, se sentaron en el banquillo de la sala pasadas las 11:00 para conocer el fallo de la sentencia que el presidente del tribunal, el magistrado José Godino, ya ha comenzado a leer.
Hacia las 9:30 ya estaban en la cafetería el promotor Tomás Olivo con su abogado, además de los concejales Pedro Pérez y María José Lanzac, mientras que otros procesados como los abogados Francisco Soriano Zurita y Manuel Sánchez Zubizarreta que entraban entre la indiferencia general, a pesar de las decenas de fotógrafos y cámaras apostados en las puertas del edificio para capturar las primeras imágenes de los implicados.
Para aprovechar la expectación mediática, en las puertas de la Ciudad de la Justicia se concentró a primera hora un grupo de procuradores de Málaga en protesta por la Ley de Servicios Profesionales.
Dos años de juicio han permitido conocer a la perfección cómo funciona la sede judicial. Los procesados sabían que si eluden el pasillo creado expresamente para que entren en los juzgados malagueños, podían pasar desapercibidos por la puerta de acceso general. Ese no ha sido el caso del empresario cordobés Rafael Gómez Sandokán que sí ha buscado los objetivos y ha entrado saludando.
El tribunal del caso Malaya ha notificado a los 84 procesados la sentencia dictada en esta causa contra la corrupción político urbanística en Marbella. En el banquillo se ha31 empresarios, tres alcaldes y 14 concejales, además de abogados, funcionarios y galeristas que presumiblemente conformaban el universo de compromisos, sobornos, extorsión y blanqueo de capitales que movía el poderoso asesor de urbanismo del municipio durante elgilismo, Juan Antonio Roca.
