En la reunión de este martes del Consejo de Gobierno de Extremadura, se ha aprobado el proyecto de ley de Comunicación y Publicidad Institucional de Extremadura, que tiene por objeto establecer el régimen jurídico de las campañas institucionales de comunicación y publicidad promovidas o contratadas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Asamblea de Extremadura y las entidades locales de ámbito regional, entre otras instituciones.
Este proyecto de ley tiene como objetivos prioritarios la transparencia, garantizar una comunicación útil a los ciudadanos y no al gobierno que las promueve, y preservar la lealtad institucional y la pluralidad de medios.
En un comunicado hecho púbico y enviado a Redacción DEx se señala que » Con esta normativa se da cumplimiento a un compromiso más del Ejecutivo regional, con una ley que tiene como finalidad despolitizar la publicidad y la comunicación institucional, de modo que todas las acciones en esta materia irán dirigidas a los ciudadanos, pensadas para los ciudadanos, y con un enfoque de servicio.
Será la primera Ley de Comunicación y Publicidad Institucional en plenitud de ejercicio en la región puesto que, a pesar de que se aprobó una ley para regular esta materia en 1996, esa norma nunca llegó a aplicarse.
El texto establece que las campañas se desarrollen exclusivamente cuando concurran razones de interés público; que contribuyan a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto a la diversidad social y cultural, y que se ajusten siempre a los principios de interés general, lealtad institucional, compromiso, veracidad, transparencia, eficacia, responsabilidad, eficiencia y austeridad en el gasto.
Asimismo, en el texto normativo se promueve la accesibilidad para las personas con discapacidad y se da preferencia a los soportes más respetuosos con el medio ambiente.
Se trata además de adaptar la normativa extremeña al marco jurídico estatal en esta materia, la Ley nacional de Publicidad y Comunicación Institucional, de 2005″.
Además, contempla la pluralidad de los medios de comunicación y la creación de la Comisión de Comunicación y Publicidad Institucional, como instrumento de control previo sobre el contenido específico de las campañas publicidad y comunicación institucional.
Tras su aprobación por el Consejo de Gobierno, la ley inicia su tramitación parlamentaria y en su desarrollo posterior, se tendrá en cuenta la figura del periodista, en un rango de tanta importancia como las empresas de comunicación.
