Los socialistas de la provincia de Cáceres han mostrado su rechazo a la reforma de la Ley Local en una Jornada de Municipalismo que se ha celebrado en Cáceres donde se ha leído un manifiesto en el que manifiestan su oposición «radical» al proyecto de ley, demandando al gobierno su retirada.
El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara ha afirmado, sobre la reforma, que sin los pueblos los ciudadanos van a ser más desiguales y habrá de primera y de segunda.
Se ha preguntado qué le han hecho los pueblos a Rajoy o a Monago para recibir este trato.
Con la reforma, ha señalado, los servicios se van a privatizar, pasando a las diputaciones que los sacarán a concurso y se quedarán empresa privadas que contratarán a trabajadores que puede que no sean del pueblo.
Ha dicho que que se le «caen los palos del sombrajo» cuando va a los pueblos y ve las bibliotecas cerradas, «y eso es todavía sin la ley», porque cuando llegue esta ley y de esos servicios se hagan cargo otros, habrá que ver cuando están a disposición de los ciudadanos.
Me duele mucho, ha añadido, que lo que tanto tiempo ha costado construir se destruya en tan poco tiempo y por eso desde el PSOE van a hacer «una defensa a ultranza de algunos principios en los que creemos y consideramos que son imprescindibles para la defensa de la igualdad de oportunidades».
MANIFIESTO
En el transcurso de la jornada se ha leído un manifiesto en el que los socialistas señalan que el ciudadano acude la municipio porque es la entidad más cercana y la que mejor le presta servicios, y la reforma tendrá como consecuencia servicios de mucha peor calidad con un coste mas elevado que tendrán que costear los habitantes.
El modelo propuesto por el gobierno significará una gran ineficacia en la prestación se servicios básicos y también en las prestaciones sociales que dejarán de ser prestados desde el conocimiento que proporciona la cercanía, perderán su calidad y podrían dejar de dar cobertura a muchas personas.
Y en el caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes, que en la provincia cacereña son todos menos dos, les vaciaría de contenido competencial y los servicios básicos serían prestados por la diputaciones, lo que constituye el mayor atentado a la autonomía municipal, con privatización de servicios, peores y más costosos.
Denuncian también la pasividad del Gobierno de Extremadura, una actitud «irresponsable» si se tiene en cuenta el carácter rural de la región y la provincia.
Por ello solicitan al gobierno que retire el proyecto y elabore una nuevo consensuado con los alcaldes en el que se materialicen las necesidades reales de los municipios y las entidades locales menores.
