Adenex y Ecologistas en Acción han anunciado que exigirán la completa ejecución de la sentencia contra el proyecto turístico Isla de Valdecañas, y desarrollarán las acciones judiciales necesarias para que los «responsables de este desaguisado respondan por sus actos».
Ambas
asociaciones han señalado que la Junta de Extremadura no parece dispuesta a
cumplir con la legalidad a pesar de «la contundencia de las
sentencias» del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y del
Tribunal Supremo.
Además
de la ejecución de las sentencias, han exigido la asunción de
«responsabilidades políticas por parte de los responsables», dado que
«ha sido la desidia de la administración ante la normativa ambiental y
urbanística» la que ha llevado a esta situación.
Han
recordado que, en enero de 2014, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia del
TSJEx que declaraba la nulidad del PIR, al tiempo que ratificaba la necesidad
de restituir los terrenos a su estado anterior.
A
partir de ahí, el TSJEx concedió un plazo al Gobierno regional para que
ejecutara de forma voluntaria esta sentencia, algo que no ha ocurrido.
«En lugar de cumplir la sentencia, la
Junta de Extremadura alega ahora una imposibilidad legal, apoyándose en las
modificaciones normativas realizadas a la carta para tratar de homologar el
proyecto», señalan los ecologistas.
Asimismo,
el Ejecutivo regional también aduce, según los ecologistas, a una
«imposibilidad material», argumentando que los gastos económicos y
los impactos ambientales «serían mayores si se demuele lo construido que
manteniendo el proyecto». «Incluso llega a sostener que el espacio
está mejor conservado desde que ha sido urbanizado».
Ambas
organizaciones sostienen que «una vez más se ha tratado de aplicar la
política de hechos consumados para legalizar un proyecto que era claramente
ilegal desde su inicio».
DEFENSA DEL INTERES GENERAL
Asimismo,
manifiestan que las sentencias judiciales «dejan claro que las
administraciones públicas implicadas, lejos de defender el interés general, la
legalidad urbanística y proteger el medio ambiente, han actuado amparando el
interés particular del promotor urbanístico».
Sin
embargo, añaden, «en no pocas ocasiones se trata de dar la vuelta a esta
realidad incontestable, cambiando el foco hacia las organizaciones ecologistas,
que solo hemos defendido la legalidad».
Asimimso
se han quejado de la «imposibilidad» de lograr medidas cautelares en
los procedimientos judiciales frente a proyectos urbanísticos como este. En
este sentido, subrayan que una paralización cautelar «habría evitado la
mayor parte de los impactos y gastos a los que ahora habrá que hacer
frente».
Para
ambas organizaciones ecologistas, las alternativas para Extremadura «no
pueden pasar por la destrucción de uno de sus principales valores: su paisaje y
sus ecosistemas», al tiempo que añaden que se trata de un desarrollo
«falso y cortoplacista, como bien demuestra cada día la actual crisis, que
proviene precisamente de la burbuja urbanística».
Por
el contrario, apuestan por proyectos que «no hipotequen» el futuro y
permitan «un mundo rural vivo donde merezca la pena vivir».
La
agricultura y la ganadería ecológica, las energías renovables, el turismo rural
«bien entendido (y no el turismo de élite que se quería promover en
Valdecañas) pueden y deben ser campos a explorar. Siempre contando con los
extremeños y poniendo por delante el bien común».
