El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto-ley que modifica la Ley de Crédito Cooperativo de Extremadura con el objetivo de mantener en la región un sistema de crédito cooperativo «al servicio» de sus socios y sus clientes y, por tanto, de los «intereses» de la comunidad.
La vicepresidenta del Ejecutivo regional, Cristina Teniente, ha considerado urgente la implementación de esta reforma, y por ello se ha optado por la fórmula del decreto-ley, decreto que se remitirá al Parlamento de Extremadura para su convalidación en el plazo de un mes.
Teniente ha explicado que la experiencia vivida recientemente con el SIP de Caja Rural de Extremadura aconseja reformar algunos aspectos de la normativa con el fin de impedir que «intereses ajenos» a la región puedan hacer desaparecer las cajas rurales o «condicionar» a las entidades.
Con esta reforma, ha resaltado, el Ejecutivo extremeño pretende «fomentar» una «mayor participación» de los socios en los acuerdos de las asambleas generales y «reforzar» la función de protectorado que corresponde al Gobierno de Extremadura.
Entre las claves»de esta reforma figura, ha explicado, que, al igual que las operaciones de fusión, escisión y transformación, con la nueva norma también las operaciones de integración en un grupo cooperativo o bajo cualquier otra forma jurídica que afecten a cooperativas de crédito extremeñas deberán contar con la autorización del Consejo de Gobierno, previo informe del Banco de España.
Al mismo régimen se somete cualquier forma de cesión global del activo y del pasivo o de cesión del negocio financiero o parte de éste susceptible de funcionamiento autónomo de la Cooperativa de Crédito y el cambio del domicilio social fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Además, cuando estas operaciones se produzcan con la participación de entidades extremeñas con otras de fuera de la región, será necesario un informe previo y favorable de la consejería competente en materia de política financiera, según ha indicado Teniente.
Por otra parte, se prevé fomentar la «mayor participación» de los socios de las Cooperativas de Crédito en los acuerdos de las asambleas generales.
Por ello, según la vicepresidenta, se refuerza la competencia de la asamblea general en lo relativo a las modificaciones estructurales; también se modifica el modelo de votaciones y el modelo de representatividad en esas asambleas generales, según ha adelantado.