La Plataforma de Afectados de las Viviendas Municipales de la barriada cacereña de Aldea Moret ha fijado una serie de condiciones para reunirse con el ayuntamiento, entre las que solicita tanto la presencia de la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, como del resto de los grupos políticos.
La portavoz de esta plataforma, Lourdes Teresa Romero Rodríguez, ha presentado ante el registro municipal un escrito destinado a la regidora en la que se incluyen estas condiciones, «no se ha cumplido la paralización de la que habla la alcaldesa puesto que el 16 de mayo se recibieron más cartas para la regularización de las viviendas».
También ha añadido que se han establecido condiciones para la reunión entre la plataforma y el consistorio que se basan en que la alcaldesa de Cáceres y la concejala de Asuntos Sociales, Marisa Caldera, asistan a la misma.
Participarían cuatro representantes de la plataforma y un representante de los grupos políticos que hay en el ayuntamiento (PSOE e IU) y de la concejala no adscrita, Marcelina Elviro, así como de los responsables del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS).
En relación a las viviendas, la portavoz ha subrayado que existe un problema de «estructuras» ya que considera que tienen «deficiencias» por las que no se han abonado el importe, al tiempo que ha manifestado que el ayuntamiento «quiere» que se paguen estas viviendas y que los inquilinos «las quieren pagar pero sin deficiencias».
La portavoz ha recalcado que se buscan «soluciones sociales» para todas las personas afectadas con alquileres sociales para aquellas que «no puedan o no quieran hipotecarse», así como una hipoteca que se pueda hacer en cualquier entidad bancaria y no solo en Caja de Extremadura que tiene tipos de interés «muy elevados» a los que muchos de los afectados que son «gente humilde y pensionistas no pueden hacer frente».
Cabe recordar que en el pasado pleno municipal que se desarrolló el 15 de mayo, la alcaldesa de Cáceres se comprometió a reunirse con la portavoz de esta plataforma con el fin de buscar una solución de manera «conjunta», así como paralizar el proceso de regularización de las viviendas sociales de esta barriada.
Concretamente, esta plataforma se formó tras una resolución por parte del Gobierno local para regularizar la situación de estas viviendas que se entregaron a sus adjudicatarios en 1988 de las que se hicieron contratos de compra-venta, se pagó una entrada, pero no se firmaron escrituras de propiedad. En total, serían unos 200 los afectados con dicha resolución.
Sobre esto, el Gobierno local ya explicó en su día que se actúa de acuerdo con una sentencia que establece que si el adjudicatario no firma la escritura y no se hace cargo del coste de la vivienda, se declarará la resolución del contrato y el adjudicatario deberá restituir al ayuntamiento la posesión del piso.
