El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Extremadura (UPA-UCE), Ignacio Huertas, ha rechazado el proceso de elaboración y diseño del Anteproyecto de Ley Agraria del Gobierno regional por considerarlo «caótico, precipitado y poco transparente».
Así lo ha expresado Huertas ante el Consejo Económico y Social de Extremadura (CES), donde ha apuntado que el procedimiento seguido por la Consejería de Agricultura no ha permitido a los agentes sociales trabajar en profundidad una ley «extensa y compleja», y ha criticado «la falta de negociación con el sector en todo el proceso», según se desprende de una nota de prensa remitida por la organización.
Ha mostrado su «total oposición” al Anteproyecto de Ley Agraria en Extremadura que actualmente se encuentra en el CES para la elaboración del dictamen correspondiente, sobre el que ha señalado que los plazos planteados por el Gobierno Regional para la negociación y la tramitación de la ley «son escasos para la complejidad y extensión del documento».
En este sentido, Huertas ha señalado que la ley que prepara el Ejecutivo no entra a resolver los principales problemas del sector, que según ha dicho son la financiación y la formación de los agricultores y ganaderos para adaptarse a las nuevas necesidades del mercado.
Tampoco aparece, ha recalcado, «la creación de una medida específica, con financiación propia para la compra de tierras en la región, que ayudaría a redimensionar las explotaciones agrarias en Extremadura, así como medidas para promover la modernización del sector o para impulsar la igualdad entre hombres y mujeres en el medio rural».
Entre otras medidas, el Anteproyecto pretende reformar la normativa que regula los sectores agrícola, ganadero y agroalimentario; así como los relacionados con el desarrollo rural y con las actuaciones públicas en explotaciones agrícolas, incluida la normativa sobre montes, además de derogar once leyes.
Para Huertas, un proyecto así necesita un «intenso trabajo de análisis, consulta y negociación con los representantes del sector, que no se ha producido con el tiempo y el rigor necesarios».
Por ello, ha destacado que desde UPA-UCE entienden que el mecanismo establecido de participación y consulta, que no de negociación, «es manifiestamente mejorable».
Otro asunto que ha abordado Ignacio Huertas en su comparecencia, es el hecho de que la nueva ley debería incorporar y adaptar todo el desarrollo normativo que actualmente está pendiente de publicarse sobre la reforma de la PAC 2014-2020.
«Igualmente habría que incorporar los cambios que se produzcan constantemente en las regulaciones de Bruselas y Madrid, lo que supondría modificarla con mucha frecuencia, y restaría eficacia a la misma», ha apuntado.
En este sentido, considera que es «una redundancia» que las regulaciones existentes aparezcan nuevamente en el texto legislativo extremeño, ya que están vigentes en el ámbito normativo estatal y europeo y por tanto son «de obligado cumplimiento».
PRIORIDAD LEGISLATIVA
Por otro lado, según UPA-UCE este Anteproyecto trata «por igual» leyes que requieren una actualización «urgente» para adaptarlas a la nueva normativa comunitaria y otras que «no son prioritarias» y necesitarían un debate «más profundo».
Por eso, entienden, que esta Ley «no nace del consenso del sector», si no que «la Administración ha elaborado un texto cerrado de antemano a cualquier cambio estructural y de calado que pueda proponerse», a diferencia de otras comunidades autónomas.
Por último, Huertas ha lamentado que el anteproyecto no contenga una memoria económica «detallada» que pueda dar «soporte y credibilidad» al conjunto de los objetivos que se persiguen, más allá del compromiso de destinar el 25 por ciento del importe total de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para los sectores agroganadero, agroalimentario y para el medio rural; lo que desde la organización agraria han calificado de «anuncio electoralista» de cara a próximas citas con las urnas.
REPRESENTATIVIDAD DE LAS OPAS
La nueva ley también incluye el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, que UPA-UCE Extremadura rechaza «frontalmente».
La organización denuncia que no ha habido «ninguna información ni contacto» para tratar este asunto y que el Gobierno plantea una copia de la Ley aprobada a nivel nacional, que cuenta con el rechazo «absoluto» de las organizaciones profesionales agrarias, del conjunto de partidos políticos a excepción del PP, y que además alberga «serias dudas» sobre su constitucionalidad derivadas «de la falta de seguridad jurídica y transparencia en el proceso de consulta y en la configuración del censo».
A este respecto, UPA-UCE ha apostado por unas elecciones «democráticas y con garantías jurídicas» que emanen de la ley electoral.
«Hay que facilitar la participación y para eso hay que poner mesas de votación en todos los pueblos, en las que tengan derecho a voto los verdaderos profesionales del sector agrario, los agricultores y ganaderos inscritos en la Seguridad Social en su condición de autónomos por la actividad agraria», ha concluido.
